El drama de la criminalización del aborto me llevó a acompañar en 2006 a L.M.R. --una adolescente de 19 años, con una discapacidad mental que la mantenía anclada en la infancia y que había sido embarazada en un abuso sexual perpetrado por un familiar--  y a su mamá, Vicenta: las dos tuvieron que enfrentar un tortuoso camino judicial hasta llegar a la Suprema Corte bonaerense con su reclamo de un aborto que era legal.

Pero aun con el aval de la corte provincial, no consiguieron que ningún hospital público lo realizara, porque los médicos se declaraban objetores de conciencia. Ese era el contexto por entonces para acceder a un aborto legal en el sector público. El de L.M.R. fue el primer caso que el movimiento de mujeres acompañó y convirtió en litigio estratégico.

La adolescente tuvo que soportar brigadas antiderechos. En aquel momento no las encabezaba el periodista Mariano Obarrio. La cara visible de la cruzada para impedirle abortar era la del entonces rector de la Universidad Católica de La Plata, Ricardo de la Torre. Quienes lo conocían al ingeniero De la Torre no recordaban que hubiera puesto tanto empeño por “defender la vida” cuando se desempeñó como subsecretario de Asuntos Universitarios y Técnica Administrativa, durante la última dictadura militar, y en el país había miles de jóvenes desaparecidos por el terrorismo de Estado. De la Torre llegó a ofrecer hacerse cargo de la criatura de L.M.R. en una carta a la Suprema Corte bonaerense. Las cámaras de televisión se conmovieron con el caso y lo cubrieron con su impronta de show mediático. Finalmente, la adolescente tuvo que recurrir a una clínica privada y pudo abortar con la ayuda del movimiento de mujeres, que juntó el dinero necesario para pagar la intervención.

Por no garantizar ese aborto legal, el Estado argentino fue denunciado por organizaciones de mujeres ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En 2011, la Argentina fue condenada por vulnerar los derechos de L.M.R. y le ordenó al país proporcionarle “medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada” --que se fueron cumpliendo hace algunos años-- y “tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”, como la implementación de protocolos.
Por esos años, cubrí otros casos similares. Lo que se discutía era si el artículo 86 del Código Penal, que autoriza el aborto en casos de “abuso o atentado al pudor a mujer idiota o demente”, era constitucional. Abogados, médicos y jueces antiderechos se encargaban de obstaculizar las prácticas alegando una falsa inconstitucionalidad.

En 2006, brigadas antiderechos también buscaron impedir el aborto no punible que pedía una mujer en Mendoza, para su hija de 25 años --identificada por sus iniciales C.C.A.-- que tenía una discapacidad mental y había sido embarazada en un abuso sexual. Activistas que se autodenominaban “pro vida” se congregaban para rezar frente al Hospital Militar, en la capital mendocina, donde estaba internada la joven, mientras su madre peleaba en la Justicia por el derecho de su hija. Una ONG católica, Vitam, presentó un amparo para frenar el procedimiento médico. Pero la corte mendocina se pronunció en tiempo récord y garantizó el aborto. La práctica se hizo en un hospital público. Fue un triunfo, por la celeridad y el resultado.

En 2007, otra adolescente que reclamó un aborto terapéutico tuvo el peor final. “Yo sabía que ella tenía que hacerse un aborto porque lo había escuchado en una charla, sabía que en casos como el de ella estaba permitido. Peleamos con el director del hospital, recorrí fiscalías, vi a jueces, no me quedé quieta nunca para salvar a mi hija y no la pude salvar”, me dijo en aquel momento Norma Cuevas, con la voz ahogada. Su hija, Ana María Acevedo, tenía 20 años y era madre de tres niños, cuando murió sin tratamiento para su cáncer de mandíbula, porque en el Hospital Iturraspe, de Santa Fe, le negaron un aborto terapéutico y no quisieron aplicarle quimioterapia porque estaba contraindicado para el embarazo. Gobernaba el peronista Jorge Obeid en la provincia. El caso se conoció después de que la joven fue sometida a una cesárea, el 26 de abril de 2007. Ya estaba en la Unidad de Terapia Intensiva en estado de “premorten, es decir con una marcada insuficiencia respiratoria y falla de órganos”, según explicó uno de los médicos que la atendía, en la historia clínica. La criatura que dio a luz, de 22 o 23 semanas sobrevivió 24 horas. Poco después, Ana María entró en un coma farmacológico y murió el 17 de mayo.

El primer protocolo de atención de abortos legales del Ministerio de Salud de la Nación se redactó hacia fines de 2007, justamente para evitar esos obstáculos arbitrarios en el sistema de salud, que derivaban en verdaderas torturas a niñas, adolescentes y mujeres. Fue el entonces ministro del gobierno de Néstor Kirchner, Ginés González García, quien lo aprobó, días antes de terminar su gestión. Se llamó Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles. Fue un paso fundamental. Por primera vez, el Estado daba directivas claras al personal de salud para la atención de los casos contemplados en el Código Penal desde 1921.

Desde entonces el protocolo se fue actualizando, en 2010 y luego en 2015, a la luz de avances legales y para incorporar la última tecnología médica y las recomendaciones de la OMS. Se trata de ofrecer las mejores prácticas a quienes necesitan atención y certidumbre a equipos médicos, frente a presiones de antiderechos. Con el probable regreso de G.G.G. al Ministerio de Salud, volverá, sin dudas, un enfoque sanitario del problema del aborto, como ya lo marcó el presidente electo. Y es de esperar que entre sus primeras medidas le dé estatus de resolución ministerial al protocolo actualizado, que incorpora la mirada del nuevo Código Civil y Comercial, en relación a la autonomía de las personas menores de edad y con discapacidad. También avances en los procedimientos. Su anulación, por parte del presidente Mauricio Macri y su ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, generó ruido en hospitales, incertidumbres, aunque siga vigente --como se aclaró desde la secretaría de Salud-- el protocolo de 2015. ¿Quiénes pierden si se instalan dudas? Las mujeres y personas con capacidad de gestar que necesiten una ILE. Como siempre.