En nuestro país hay alrededor de un millón de personas con discapacidad auditiva/sensorial, personas que se sienten excluidos por no poder acceder a la información necesaria para gozar a pleno sus derechos, entre los que se encuentran el derecho democrático de votar. El único sistema de comunicación que les garantiza estar en contacto con la sociedad en general es el sistema de lenguaje de señas que posee una estructura gramatical propia y combina la expresión gestual y corporal. 
Las lenguas de señas es un sistema viso-gestual basado en el uso de las manos, los ojos, la cara y el resto del cuerpo. Se utiliza a nivel mundial para comunicarse con y entre las personas con discapacidad auditiva, pero no son universales, sino que se trata de un lenguaje, como todos los demás, que ha creado el ser humano y, como tal, surge y se desarrolla a partir del contacto con el otro, de compartir experiencias y formas de ver el mundo y las cosas que nos rodean. Es por esto que cada comunidad ha desarrollado su propia Lengua de Señas.

En nuestro país se ven avances significativos para incluir a las personas con discapacidad auditiva a la vida cotidiana. La ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 66, da establece que en “las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional, deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos”. Por otra parte, la Constitución Nacional, artículo 75, establece que “corresponde al Congreso: legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Sin embargo, y a pesar de la existencia de normas cuyo objetivo es atender las necesidades de las personas sordomudas, muchos de ellos ven cercenado su derecho a informarse, especialmente en épocas electorales, puesto que los candidatos no tienen en cuenta que entre el público que quiere escucharlo para decidir si los acompaña o no con el voto hay personas con discapacidad auditiva/sensorial.

Nuestro proyecto de Ley establece que todos los candidatos oficiales tengan la obligación de traducir a la lengua de señas sus propuestas políticas, ya sea en forma televisiva o en actos públicos, porque entendemos que las personas sordomudas sufren en silencio al no poder ejercer su derecho a informarse y terminan sintiéndose excluidas, sufriendo en silencio.
La lengua de señas es un derecho humano y es nuestro deber y nuestra obligación legislar para que las personas con discapacidad auditiva/sensorial puedan gozar a pleno de sus derechos garantizándoles la participación en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad, y sin discriminación. 

(*) Diputada nacional por la UCR de Corrientes.