Por Gonzalo Fuentes Arballo (*)

A la hora de hablar sobre denuncias de acoso sexual en ámbitos públicos y privados, es necesario trabajar en la sociedad acerca de la toma de conciencia sobre la utilización de las relaciones de poder en casos de abuso y acosos sexuales.

En tanto y en cuanto es recurrente que las conductas abusivas comiencen en el ámbito laboral, dependencias públicas, el hostigamiento sexual -el ejercicio del poder- ocurre en una relación de subordinación. Siempre en un claro plano de disparidad entre víctima y agresor. En estos casos podemos afirmar que el acoso es un comportamiento de naturaleza sexual que apunte contra la dignidad de la acosada, que se agrava cuando se solapa con un entorno laboral degradante u ofensivo, en este último caso es una forma de violencia que irremediablemente se encuentra enmarcado en un ejercicio abusivo de poder.

Como en toda situación depredatoria, la victima tiene generalmente una condición estereotipada: mujer joven, económicamente dependiente, soltera o divorciada, pero también pueden darse situaciones que tengan como destinatarios jóvenes homosexuales, como resultó causal del apartamiento del actor Kevin Spacey de su papel como Frank Underwood en House of Cards, paradigmática figura de la política en la ficción. Si bien las denuncias por personas del mismo sexo es reciente tienden a incrementarse. 

De nuevo, estos son solo estereotipos, la víctima de una situación de abuso u hostigamiento puede ser cualquiera.

El acoso suele contar con fases sistemáticas en el tiempo, así la escalda deriva en muchos casos en el chantaje sexual, “algo a cambio de algo” , utilizado en forma implícita o explícita como fundamento de una decisión que afecta las posibilidades o condiciones de empleo. 

La situación a la que se expone a la victima deviene en la presunción que por temor no se denuncia por la posible pérdida del puesto de trabajo, también se predice el silencio por temor a represalias y porque la denuncia puede aparejar la estigmatización como una persona problemática con la consiguiente exclusión y rechazo. 

La recurrente aparición de este fenómeno social en el ámbito de la política ha adquirido real significación y visibilidad en la Argentina. 

El interrogante que surge es, si su prevención y protección parte del Estado, mediante la normatividad existente -que va desde la prevención hasta atribuirle a la figura el carácter delictivo- resulta suficiente.

Es incuestionable que la mujer, al contar con una menor cuota de poder es quien enfrenta mayor desprotección frente a este fenómeno. No sólo es la víctima más frecuente, sino que también es acosada de manera diferente al varón. 

En este sentido, a la luz de los hechos, podemos concluir que el tema aún no está resuelto, falta mucho por hacer: resulta necesario adoptar medidas de prevención específicas para la detección, la denuncia y la actuación ante el acoso y el abuso sexual en los ámbitos laborales tanto privados como estatales. 

(*) Director de Justicia y Seguridad de la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP)