Opinión de Rodrigo Morabito (*)

El título que motiva este espacio de opinión no es casual en estos días con respecto a los últimos datos existentes en nuestro país en relación a la infancia. 
Recientemente, la Universidad Católica Argentina a través del barómetro del Observatorio de la Deuda Social, estableció datos críticos y lamentables en cuanto a la situación de los niños del país.

En efecto, en el último periodo interanual de 2018 medido, la cifra de pobreza infantil aumentó de 48,1 a 51,7%. En el caso de la alimentación, mientras un 29,3% tiene déficit en sus comidas, un 13% pasó hambre durante 2018, destacándose además, que crece de manera constante la asistencia a comedores infantiles alcanzado en la actualidad al 35%.
Evidentemente ¡LA POBREZA EN ARGENTINA TIENE ROSTRO DE NIÑO!

Si a ello le sumamos que en la provincia hace escasos días ocurrieron dos episodios que alertan al respecto (me refiero al niño de 5 años que fue encontrado por el chofer de un colectivo a las cinco de la madrugada en la zona norte descalzo y mínimamente vestido, como también, las niñas que fueron halladas el día sábado a la madrugada por personal policial en la zona sur en aparente estado de abandono, descalzas y sin abrigo), quizás estemos empezando a visualizar los efectos de la violencia estructural o anónima que significa la pobreza.

La propia Convención sobre los Derechos del Niño marca cuales son las obligaciones de los Estados para garantizar el bienestar de los niños, especialmente aquellos tendientes a “combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”, como así también, “asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna , la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos”.

En el marco provincial la ley 5.357 establece que “esta Ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE LA NACIÓN SEA PARTE”, resaltando además que “la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional N° 26.061 son de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia y que los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley (los niños sin dudas) son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles”.

Ahora bien, si las leyes existentes y vigentes son demasiados claras ¿cómo es posible que exista semejante cantidad de niños pobres y en estado de abandono en nuestro país? Evidentemente, las cosas no se hacen demasiado bien, o lo que es peor aún, quizás los niños importen poco.

Hace días, el Santo Padre Francisco en la cumbre de jueces panamericanos  sobre derechos sociales y doctrina franciscana, expresó algo demasiado importante que debería llegar a todos, ergo dijo que “hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas. Ciudades —orgullosas de su revolución tecnológica y digital— que ofrecen innumerables placeres y bienestar para una minoría feliz... pero se les niega el techo a miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso niños, y se los llama, elegantemente, “personas en situación de calle”. Es curioso como en el mundo de las injusticias, abundan los eufemismos. Pareciera que las Garantías Constitucionales y los Tratados internacionales ratificados, en la práctica, no tienen valor universal”.
En definitiva, si queremos un futuro y desarrollo para el país, llegó la hora de ocuparse de los niños.

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil