Brasil ha vivido varios años bajo el chantaje de una farsa: bajo el pretexto del combate a la corrupción, se ha destruido su democracia, desmoralizado el Estado de derecho, liquidado el prestigio del Judiciario, golpeado duramente a la economía y cambiado el destino político del país. Esa farsa fue denunciada a lo largo de todos estos años por Lula –principal víctima directa de esa operación–, por la izquierda, por las fuerzas democráticas, sin que el Judiciario frenara las arbitrariedades de la llamada operación Lava Jato.

 Ahora, las denuncias de las escandalosas conversaciones entre los agentes de la Lava Jato, que incluyen a miembros del Superior Tribunal de Justicia (STF), con los medios de comunicación, con parlamentarios de la derecha y con representantes de los Estados Unidos, desnudan de forma brutal toda la trampa montada para perseguir al Partido de los Trabajadores (PT) y a Lula y para bloquear la voluntad popular de que volvieran a gobernar el país.

 El segundo paquete de denuncias revela, por una parte, un compromiso directo de un miembro del STF, que se comporta como militante político de un proyecto de derecha, sometiendo esa máxima instancia del Judiciario al juez Sergio Moro, así como la subordinación de toda la operación de Lava Jato a instancias norteamericanas, a las que se dice que habría que consultar.
Aunque todo lo revelado apenas confirma lo que había sido denunciado sistemáticamente, una parte de la opinión pública quedó atónita frente a lo revelado, otra parte aprovecha para cambiar de posición después de haber adherido con entusiasmo al Lava Jato y haber erigido a Sergio Moro al sitial de héroe nacional. 

El mismo STF, reiteradamente, la última vez hace pocas semanas, rechazó todas las denuncias de la defensa de Lula sobre el carácter para nada neutro de Sergio Moro al juzgar a Lula. 

Posiciones políticas concretas de ese juez, sus vínculos directos con el PSDB (socialdemocracia), absolutamente subestimados, la condena de Lula sin pruebas, la persecución política al PT, no han servido para que se declarara su falta total de imparcialidad.
En varias circunstancias en que Moro ha actuado como jefe político de una facción del Judiciario, para impedir la libertad de Lula, desconociendo decisiones de instancias más altas, en que ha orientado a jueces para dificultar o impedir la salida de Lula a funerales de parientes y amigos, así como para que no pudiera conceder entrevistas, hacían suponer que había una estrecha coordinación entre todos los miembros de la Lava Jato, violando todas las normas jurídicas de la neutralidad que los jueces deben mantener.

Cuando se revelaron las conversaciones, la primera reacción de Moro fue decir que no había hecho nada ilegal, reconociendo implícitamente la veracidad de todo lo revelado. Cuando la reacción generalizada fue la de que sí había cometido graves violaciones, toda la derecha se movió en otra dirección, denunciando el supuesto el carácter ilegal de las escuchas. 
Cuando se dio cuenta de que un gran archivo interno de la Lava Jato había llegado a un medio, Moro denunció que su celular había sido hackeado, como que preparando la excusa de supuesta ilegalidad en la obtención de la información.

Después de que los medios difundieran con amplia cobertura toda la información, Globo fue acusada directamente por el periodista que dirige The Intercept en Brasil de participación directa en la operación de la Lava Jato. 

Entonces esa cadena pasó a intentar descalificar al sitio de noticias alternativo, con duros ataques al periodista, destacando el carácter supuestamente ilegal de la información y poniendo en duda la veracidad de las escuchas.

El país asiste en vilo, aguardando las nuevas revelaciones, dado que los que tienen el material -además de haber enviar copia de todo al exterior - anuncian nuevas revelaciones.