A nadie le escapa que Argentina está en crisis económica, ahí creo que todos estamos de acuerdo. Las diferencias empiezan a aflorar cuando queremos conversar sobre las causas, orígenes y políticas necesarias para superarla.

Si focalizamos la mirada en los aspectos financieros, nos encontraremos con una devaluación que supera el 200% en los últimos 18 meses, inflación creciente, riesgo país en elevados registros históricos, tasas de interés exorbitantes que imposibilitan el financiamiento del consumo y la producción, etc.

Este escenario financiero convive con una economía real que no muestra un mejor desempeño, sino todo lo contrario. Se proyecta, para 2019, una caída del PBI superior al 2% (que se acumula con la caída de 2018). El PBI per cápita en 2019 resultará inferior al del año 2011 (casi una década con retroceso neto, pérdida de producción). Los datos sobre el nivel de empleo, pobreza, subutilización de la capacidad instalada, etc., no son más alentadores.

En este contexto, resulta deseable hacer aportes que contribuyan a la adopción de un conjunto de medidas que permitan abordar la situación actual y, a su vez, recuperar un horizonte de crecimiento.

Sería un gran error creer que una vez superada la difícil coyuntura financiera habremos solucionado los problemas estructurales de la economía argentina. Muy por el contrario, estabilizar la economía tan sólo constituye una condición necesaria para abordar los cambios en las políticas económicas que la llevaron a esta situación.

Y es aquí donde me permito utilizar el concepto de “grieta económica”, entendiendo como tal a las miradas que han prevalecido en la última década respecto del funcionamiento de la macroeconomía nacional.

Hasta el año 2015 se apostó por un crecimiento que no podía sostenerse en el largo plazo, ya que sólo estaba apuntalado por el aumento del consumo y del gasto público, pero sin prestar la debida atención al proceso de Inversiones y de Exportaciones. La debilidad de este modelo viene dada por la necesaria inflación que trae consigo, ya que si la demanda de bienes y servicios crece más que la oferta (dada la falta de inversiones) se generan presiones alcistas sobre los precios y por la escasez de divisas (las conocidas situaciones de extrangulamiento externo que periódicamente ha sufrido nuestra economía).

Desde el otro extremo, los programas de ajuste proponen una reducción en el gasto público, en favor de un supuesto funcionamiento más aceitado del mercado que promueva incentivos en favor de una mayor eficiencia de la economía. Una menor intervención estatal supone una redistribución del ingreso en favor de las clases más adineradas (con menor propensión marginal a consumir y mayor propensión a atesorar en moneda extranjera).

Esa pérdida de ingresos de los sectores más populares impacta en un menor Consumo, lo que sumado a la caída del Gasto Público empuja la economía a la baja. Eso sólo puede ser compensado en tanto exista un fuerte proceso inversor (lo que requiere bajas tasas de interés) o un boom exportador. Cuando recordamos frases tales como “lluvia de inversiones” o “supermercado del mundo”, podemos concluir fácilmente que por aquí pasaba la apuesta del modelo implementado desde 2015.
Encontrar la síntesis y el equilibrio apropiado entre ambas posturas es el gran desafío al momento de diseñar la política económica para nuestro país, cuya historia no podemos desconocer porque ordena la toma de decisiones de los actores económicos (problemas de confianza en la moneda, riesgo bancario, cambios repentinos de las reglas de juego, etc.). Dicho de otro modo, debemos ser conscientes, al diseñar políticas económicas, que los argentinos van a tomar decisiones económicas teniendo esos escenarios como posibles. Desconocer esto supone partir de un diagnóstico equivocado.

Cómo transitar un camino intermedio que fortalezca el mercado interno, con capacidad de consumo de nuestra población, sin comprometer la competitividad exportadora de nuestra producción y generando incentivos a favor de la inversión, es el gran interrogante.

El aumento del consumo será sostenible si viene de la mano de un mayor salario real. El crecimiento genuino del salario real es aquél que se sustenta en una mayor productividad. 

Debemos aspirar a mejorar la productividad de nuestra economía, tanto en el ámbito del empleo público como privado. La productividad es un término deseable para la economía, que no debería ser identificada como específica de un espacio ideológico determinado.

La productividad es un elemento necesario para fomentar las exportaciones. Sin embargo, también se requiere, a tal efecto, promover acuerdos comerciales con otros países que sean favorables para los intereses nacionales. De igual modo, las mejoras de la infraestructura pública actúan también como un elemento que ayuda a construir la competitividad de nuestras exportaciones.

Respecto de la promoción de las inversiones, resulta crucial crear reglas de juego que sean sostenibles y previsibles en el tiempo (la tan mentada seguridad jurídica), con un sistema financiero que cumpla su rol de canalizar el ahorro hacia la inversión.
Así como la “grieta” ha generado divisiones innecesarias en los argentinos, fomentando el odio y dificultando las construcciones colectivas, aquí también, en el plano económico, nos equivocamos si creemos que la solución ideal supone adoptar posturas extremas. Debemos encontrar un equilibrio apropiado que nos permita aprovechar las ventajas que supone una economía abierta (tanto en lo comercial como en lo financiero), sin renunciar a las potestades reguladoras que necesariamente debe aplicar la política pública.

Gonzalo Saglione
Ministro de Economía
de la Provincia de Santa Fe