El debate en torno a la educación es una de las grandes deudas pendientes en nuestro país y en nuestra provincia. Todos aceptamos que la Argentina, durante los siglos XIX y XX, fue un país que marcó rumbos progresistas, de avanzada, inclusivos, en el sistema educativo. Y todos sabemos, que no es lo mismo que decirlo, que pareciera que desde hace años venimos perdiendo el rumbo en esta materia. Ya no podemos alimentar el ego nacional diciendo que tenemos “la mejor educación de Latinoamérica” y que nuestras escuelas aseguran inclusión e igualdad de oportunidades.

No podemos decir que nos caractericemos por el desempeño alcanzado por nuestros estudiantes, ni por la transparencia de los organismos estatales y de las instituciones educativas, ni por la calidad de la enseñanza.

Todavía hay un interesante quantum de calidad y de universalidad en el sistema, pero a veces parece irse drenando, inevitablemente, frente a decisiones de coyuntura, que no se toman con una visión sistémica, con objetivos claros, de largo alcance.

Ahora nos encontramos con que nuestro gobierno provincial, de manera intempestiva puso, en la agenda pública, el traspaso de la Educación Técnica Profesional y de los Institutos de Enseñanza Superior (IES), desde el ministerio de Educación al ministerio de Innovación Tecnológica. Con esta decisión pasamos a ser la única provincia que despoja al ministerio de Educación de competencias propias establecidas en la Ley Nacional de Educación.

En los instrumentos legales producidos, no se explicitan los motivos por los cuales se realiza el cambio de Jurisdicción de la Educación Técnica, incluyendo la administración de los fondos del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET). Estos pasarán del ministerio de Educación al ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. Además, complejizando más el laberinto burocrático, se faculta al ministerio de Modernización y Planificación para administrar los recursos provenientes de planes y programas dependientes del INET. Esto no es menor ya que estos fondos se constituyen con aproximadamente el 0.02% del presupuesto nacional y son independientes de los previstos por la Ley de Financiamiento Educativo. Cabe agregar que este tercero en discordia, (ministerio de Modernización y Planificación), además se quedará con los bienes patrimoniales adquiridos a través de estos fondos que son propiedad de las instituciones educativas a las que fueron entregados.

Tampoco esto se enmarca en un debate más amplio, que tenga que ver con el objetivo de vincular a la educación con un proyecto de desarrollo provincial.

La Ley Nacional tiene a los Ministerios de Educación Provinciales, como interlocutores y son los que se sientan en el Consejo Federal de Educación. Evidentemente, se generan una serie de dudas frente a esta decisión.

1) El traspaso de fondos va acompañado del traspaso del patrimonio que pertenece a cada institución. ¿Es correcto transferir patrimonio, del que los administradores y custodios son cada una de las unidades educativas?

2) En el Consejo Federal de Educación, ¿quién va a representar a Catamarca? ¿La o el Ministro/a de Educación o la o el Ministro/a de Innovación Tecnológica?

3) ¿El Ministerio de Educación dará fe certificando títulos generados en instituciones que no controlará, con contenidos que no definirá?

4) ¿Abandonarán los IES su función de formadores de docentes? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿La UNCA? ¿Instituciones privadas?

No creo que plantearse un cambio sea en sí mismo un error. Sí creo que este cambio tiene, hasta el momento, muchos puntos oscuros y estoy seguro de que es inconsulto. Los actores del sector están opinando sobre hechos consumados.
Que un gobierno legítimo tome decisiones consultando “solo con su almohada”, en un tema tan sensible como la educación, es preocupante.

Por Rubén H. Manzi
Diputado de la Nación
DNI 11.263.400