Ante la reiterada violación de la ley 5456/20 por parte de la Corte de Justicia de Catamarca, vengo a denunciar públicamente este grave hecho institucional, dado que de haber concretado esta denuncia por vía judicial -incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos- ocurrirá lo de siempre, esto  es, terminará entre la montaña de papeles de denuncias jamás tratadas y ni siquiera analizadas. Lamentablemente, esta conducta asumida por la “corporación judicial” avala todo tipo de violaciones, incluso a los derechos humanos y abusos funcionales. Como abogada, soy testiga y víctima de estas increíbles conductas funcionales, toleradas antes y ahora por una Justicia inepta y corrupta.

La “obediencia debida” es un grave problema en la estructura orgánica del Poder Judicial, poniendo de resalto que no es una cuestión de desconocimiento del Derecho. Va más allá de ello, a tal punto que constituye una “cultura de la negación misma de la Constitución” que los Sres. Magistrados juraron cumplir y hacer cumplir. A tal degradación se llegó, que el Ministerio Público Fiscal viene avalando la designación directa por la Corte de Justicia de Jueces y Camaristas en forma directa por la Corte de Justicia, desconociendo la ley 5456/20.

En el caso, voy a dar un ejemplo de la doble moral de nuestro máximo tribunal. En el ámbito tribunalicio es público y notorio que la Caja Forense está en  proceso de liquidación. Para ello, los abogados en Asamblea extraordinaria, votamos y decidimos por mayoría desintegrarla, y se solicitó a la Legislatura la derogación de la ley que la respaldaba, porque constituía desde hacía  40 años un verdadero fraude.

En esa Asamblea se disponía que no se depositaría más el aporte previsional a Caja Forense en causas en trámite. Eso constituía la derivación de la declaración previa referida a la postulación prácticamente unánime de la disolución y derogación de la ley de creación de un organismo “previsional”, que solo servía para defraudar con la complicidad de los jueces, que sabían que nunca había cumplido la Caja con ese fin, y sin embargo ordenaban que se cumpliera con los aportes ilícitos hasta para expedir copias e hijuelas. Pues, era público y notorio que el aporte que se obligaba a depositar a los letrados nunca tuvo el destino previsto en la ley. Y eran precisamente sus integrantes los que en asamblea lo habían decidido en pleno.

Comunicada la Corte por escrito de la decisión adoptada en Asamplea Extraordinaria de Abogados, ésta ordenó a todos los tribunales que mientras no estuviera derogada la ley, debían exigir su cumplimiento, convalidando un fraude grosero, aberrante, y convirtiéndose así en cómplice de una maniobra pseudolegal claramente ilícita, ya que la Caja Forense no había cumplido nunca -desde su creación- con la finalidad previsional que determinara su creación. Está pendiente la denuncia penal que el Colegio de Abogados deberá formular en contra de la Corte de Justicia y de los jueces que “corporativamente” acataron  la orden de la corte.
Ahora bien, sancionada la reforma de la Carta Orgánica (reglamento administrativo del Poder Judicial) -específicamente me referiré al régimen de subrogancias- la Corte debió, en forma inmediata, por la naturaleza de la ley, cumplir con ella  y hacerla cumplir. Sin perjuicio de la responsabilidad funcional del cuerpo, a cada uno de sus integrantes le cabe la responsabilidad penal individual por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Nada de esto hizo. Es más, al momento de su promulgación había dos casos notorios de “subrogancias” ordenados por la Corte, que violentaba el nuevo régimen, por lo que esas “subrogancias” debieron cesar automática e inmediatamente. Desconocer el sistema de subrogancias establecido ya por ley constituye una violación grosera del sistema institucional del Poder Judicial y permitir que la Corte pueda designar a su antojo a camaristas y jueces subrogantes representa actualmente una aberración institucional.

Sin embargo, la Corte de Justicia, asumiendo una inadmisible postura negadora de la ley, no solo no modificó esta situación irregular de una Secretaria, que fue designada jueza subrogante, ni la de una jueza, que fue designada camarista, utilizando el eufemismo de “juezas en comisión”;  pues, redoblando su ilegal postura y apuesta, designó a otra Secretaria como Jueza de Familia, bastardeando la ley y el sistema de subrogancias.

Ante esto, como  ciudadana, antes que como abogada, me pregunto: ¿Qué le pasaría a un ciudadano común, de a pie, como se dice, que viola la ley groseramente? Seguramente le aplicarían con todo rigor las sanciones punitivas de la ley penal, formalizándosele en su contra una acción penal, que podría llegar, según el caso, hasta su detención.

Pero… ¿Qué sucede cuando quien viola ley es quien juró cumplirla y hacerla cumplir? Absolutamente nada. Se le conceden graciosamente aumentos en sus ya abultadas remuneraciones y se le siguen manteniendo su inconstitucionales privilegios: automóviles para sus desplazamientos, choferes, celulares, etc., etc.

En una sociedad verdaderamente republicana y democrática, esto resultaría inimaginable. Estamos viviendo sin lugar a dudas una degradación que nos puede conducir a una grave disolución social.

Por Ana Beatriz Monllau