A diario se discute en distintos ámbitos de la sociedad acerca de la sanción que deberían cumplir las personas que cometen delitos, sin embargo, muy poco se conoce acerca del perfil (si es que así quisiéramos definirlo) de las personas que ingresan al sistema carcelario provincial y cuáles son las causas al menos por aproximación por las que pueden llegar a terminar en un establecimiento de privación de libertad.

En primer término, no es posible hablar de una determinada cuestión sin estadísticas; y esto es algo de lo que ha carecido la República Argentina durante mucho tiempo, no obstante, basta con acceder a la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para consultar la información existente en el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (conocido por sus siglas como SNEEP) para tener un panorama acerca de la población penitenciaria provincial y quienes específicamente ingresan a la cárcel.

Las últimas estadísticas son del año 2019 (bastantes recientes) y nos brindan una información importante con respecto a la situación actual del régimen carcelario provincial. 

Ahora bien, como punto de partida, debe resaltarse que la población carcelaria (al menos hasta el año pasado) de hombres era de un total de 524, mientras que de mujeres lo era de un total de 13, contabilizando el número de 537 personas privadas de la libertad  de las cuales 377 fueron condenadas (esto significa que ya tuvieron su juicio, independientemente de su sentencia está o no firme) y 160 fueron procesadas (aún no tuvieron juicio pero lo esperan privados de libertad). 

Como se podrá advertir, el hombre es quien comete más delitos, mientras que la mujer recae en hechos ilícitos en mucha menor medida.

Con respecto al nivel de educación de las personas privadas de libertad, prácticamente es escaso ya que la gran mayoría tiene tan sólo estudios primarios, de los cuales sólo han cumplimentado la educación básica inicial (191), mientras que no la culminaron (124) y nunca la iniciaron o sea se trata de personas analfabetas (34), sin dudas un gran déficit que marca la necesidad de que se trabaje en el medio libre en materia de educación formal y en la deserción escolar para brindar mayores herramientas y oportunidades. 

En cuanto a la situación laboral de estas personas al momento de ingresar al sistema carcelario, debe ponerse de manifiesto que 158 eran trabajadores a tiempo completo, 208 a tiempo parcial y 169 desocupados; mientras que de tales personas 200 tenían algún oficio, 51 tenían alguna profesión y 285 no tenían oficio ni profesión. Evidentemente, tanto la ausencia de educación que provee de herramientas para el futuro, como así también, la falta de posibilidades laborales, confluyen como causas

determinantes en la comisión de delitos, pues son claros indicadores de pobreza estructural y esto no significa que pobreza es sinónimo de delincuencia, sin embargo, repercuten sin dudas en las conductas y comportamientos de las personas. 

Si a esto último que observamos le agregamos el gran consumo de estupefacientes que suelen padecer muchas de estas personas y que, además, en ocasiones provienen de hogares en donde la violencia se encuentra absolutamente naturalizada, podemos inferir que el delito responde a factores sociales en los cuales el Estado debe poner un fuerte énfasis de atención para comenzar a disminuir los efectos del delito.

Por último, la gran población carcelaria actual en la provincia (537 personas privadas de libertad sobre una capacidad carcelaria total de 683), demuestra en forma clara el mito de las “puertas giratorias”, sin embargo y más allá de ello, resulta de suma importancia resaltar que la calidad y seriedad de un Estado democrático de derecho, no se mide por la forma en que castiga el delito, sino por la manera en que efectivamente lo evita o previene. 

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF.