El actual gobierno ha iniciado su gestión con una impronta reformadora del Estado. Siendo este un proceso lento, abarcativo, complejo y pretendidamente permanente, por obvias razones de estabilidad de la organización y funcionamiento administrativo.

Han transcurrido 6 meses de gestión y sin desconocer lo extraordinario del momento que nos toca vivir por el COVID-19, no debemos dejar de observar los movimientos administrativos dentro del estado provincial y preguntarnos ¿Cuál es la reforma que promueve el gobierno provincial?, ¿es este el momento para ejecutarla?, entre otros cuestionamientos  que surgen ante los hechos que marcan el modelo de gestión del actual gobierno. 

Partimos de considerar que el estado catamarqueño necesita evolucionar hacia estadios de resolución de problemas históricos: su desmedido tamaño en relación a las funciones que cumple, el avance del empleo público sobre el privado, la eficiencia y calidad de los servicios públicos, el mal gasto de la administración y la creación de empresas publicas deficientes, todo esto  atravesado por flagelos como la corrupción y el clientelismo. 

En una actitud de acompañamiento a la nueva gestión, la oposición aprobó la nueva Ley de Ministerios, llevando de 8 a 17 (ahora ya son 16, se eliminó producción, quedando bajo la órbita de Hacienda, por otro decretazo). Regía un compromiso que dentro de los 10 días posteriores, llegaría el organigrama junto con las misiones y funciones de cada estructura ministerial, donde se demostraría fehacientemente la reducción de la planta de funcionarios políticos de 360 cargos a 280 aproximadamente. Nada de eso paso.

Inmediatamente llegaron a la Legislatura un paquete de leyes donde se creaban Entes Autárquicos (Vialidad, Capresca, Arca, etc.) con sus directorios. Pero nos dimos con la novedad que las mencionadas leyes dicen ser una cosa, pero en realidad son otras. Los requisitos de los Entes Autárquicos son: 1. personalidad jurídica propia. 2. asignación de recursos propios. 3. un patrimonio propio y fundamentalmente. 4. capacidad de administrarse a sí mismos. Es una consecuencia lógica de las características anteriores, y constituye uno de los datos administrativos típicos de la descentralización: la asignación de competencias específicas para resolver todos los problemas que plantee la actuación del ente, sin tener que recurrir a la administración central, más que en los casos expresamente previstos por sus estatutos.  

El oficialismo en la Cámara, no acepto mejoras en la redacción y así tenemos que (acá no tienen acuerdo del Senado), no tienen tiempo de duración, son designados y removidos a “tiro de decreto”; incluso algún ente tiene en su directorio a Ministros del Poder Ejecutivo.

En el mismo sentido, el ninguneo, la falta de cobertura de los cargos y el consecuente desfinanciamiento del ENRE (además de algunas culpas propias del Directorio), demuestra de forma inequívoca, la decisión de anular cualquier tipo de control eficiente de los servicios públicos prestados por el Estado Provincial. 

En el mismo sentido se encuentra la modificación de la Ley de Regalías Mineras, que ha significado un traspié del gobierno, ya que tuvo que reaccionar ante el rechazo generalizado a un decretazo 24 hs antes del inicio del Periodo Ordinario de Sesiones.
Derogan una ley fundamental de la administración pública y con ello un proyecto de provincia con verdadera autonomía municipal. Considero que hay varios temas a debatir en la Legislatura: ¿qué hicieron con los recursos?, ¿quiénes administraron bien y quienes no?, ¿qué hizo el Tribunal de Cuentas al respecto? Con el dedo acusador se menciona a los Intendentes de mala administración. No deben caer todos en la misma bolsa, ¿y la Provincia?  El grueso de esos recursos los administró la Provincia.

El espíritu de la Ley derogada, era precisamente que esa pequeña porción de recursos vaya a las administraciones municipales en el cumplimiento de sus obligaciones con los vecinos. Las obras de infraestructura son de la provincia, así los recursos de la minería llegarían a todos los rincones de Catamarca. La Ley determinaba el tipo de obra que se podía financiar y la Comisión de Participación Municipal, debía ser un órgano de regulación y control político de los recursos, independiente del Tribunal de Cuentas. Ahora bien, si los Intendentes distorsionaron la Comisión, no es culpa de la Ley. Se anuncia un nuevo proyecto, será interesante observar de qué manera se supera a la derogada. 

En este sentido, los decretos que reemplazan a leyes que fueron modelo solo apuntan a la centralización de los recursos, porque ni siquiera se tomaron el trabajo de actualizar los coeficientes de distribución que datan del año 2008, y al incremento de la dependencia de los Municipios del gobierno de la Provincia, que hoy los asiste, pero que nada dice sobre cómo será, cuando se vuelva a la “nueva normalidad” post pandemia. Es decir, que se están modificando cuestiones estructurales, de forma autoritaria y basándose en fundamentos coyunturales. Considero que es un error institucional y político. 

Veremos como vienen las nuevas leyes y en este punto quiero hacer una defensa de la labor legislativa tanto provincial, como municipal. No puede pasarse por alto y omitir el necesario debate que debe darse en los órganos colegiados que representan cabalmente a los espacios políticos que actúan y tienen presencia en todo el territorio provincial. El ejecutivo debe evitar la tentación de vulnerar los procesos republicanos de gobierno, amparado en la legitimidad de un resultado electoral. 

Por el bien de Catamarca, espero que sea un problema de comunicación gubernamental y no de una ausencia de planificación, gestión y objetivos generales, claros y transparentes. Estos son los debates que necesitamos y si algo va a modificarse, que sea para mejorar la calidad de vida de  los catamarqueños, siempre  en forma legal, legítima y oportuna.