Uno de los desafíos que deberán enfrentar los Estados debido a los efectos generados a partir de la pandemia mundial por Covid-19 es la asistencia inmediata de grupos vulnerables históricamente en riesgo, en especial el de la niñez en situación de pobreza.

Si bien la infancia no es el grupo de población más afectado en términos de salud en estos momentos, las niñas y niños son y serán siempre las víctimas ocultas de la pandemia. El CORONAVIRUS no solo puede enfermar a los niños y niñas (pues no están exentos de ser contagiados), sino que además, tiene efectos negativos como el aislamiento social y la no asistencia presencial en los colegios, la convivencia en entornos que no siempre son seguros, entre otros. Todas estas situaciones afectan a su educación (por ejemplo, la niñez en situación de pobreza no puede acceder a internet para poder cumplir con las actividades escolares), los expone a la violencia (maltrato físico, abuso sexual infantil) e impacta notablemente en su salud mental.

A todo esto debemos sumarle que las medidas adoptadas para impedir la transmisión del Covid-19 impactan notablemente en la situación económica de las familias, en particular de aquellas constituidas por niñas y niños en situación de pobreza, las familias más vulnerables que viven hacinadas, las que no cuentan con agua y jabón para lavarse las manos, las niñas, niños y adolescentes institucionalizados. 

En nuestro país existía una gran cantidad de niñas y niños pobres ya desde hacía un tiempo antes de la pandemia que ascendía a la cantidad aproximada de 6.8 a 7 millones, estimándose que esa cantidad se aumentaría pos pandemia.

Unicef ha dicho que “a fines de 2020 la pobreza infantil alcanzaría al 58,6% de las niñas, niños y adolescentes. Esto implica que aproximadamente 7,7 millones niñas y niños se encontrarán en situación de pobreza, de los cuales 2,1 millones (16,3%) se sumirán en una situación de pobreza extrema, es decir, vivirán en hogares cuyos ingresos no permitirán cubrir las necesidades mínimas de alimentación”. Sin dudas, todo un desafío para los Estados.
 

En razón de ello, nuestra provincia (hoy con el mérito de ser la única sin Covid-19 debido a la correcta intervención de las autoridades administrativas) debe estar a la vanguardia del resto tomando las medidas necesarias en forma anticipada para garantizar los derechos de las niñas y niños, ergo, tal como lo señala la ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 5.357, al regular la RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL, “el Estado debe garantizar con ABSOLUTA PRIORIDAD el ejercicio de los derechos y los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la consecución de los objetivos de la Ley”. 

En definitiva, esa PRIORIDAD ABSOLUTA implica por parte del Estado provincial la protección y auxilio en cualquier circunstancia (con mayor razón en situaciones de niñez pobre), atención prioritaria en los servicios públicos (hospitales públicos, comedores comunitarios, agua potable, luz, gas, etc.), preferencia en la formulación y ejecución de las políticas relacionadas con la protección de la niñez, adolescencia y la familia por parte de las instituciones públicas; asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice; entre otras medidas que protejan PRIORITARIAMENTE a nuestra niñez en situación de mayor vulnerabilidad.

Juez Rodrigo Morabito