Por juez Rodrigo Morabito

Concibo el periodismo como un servicio esencial para la construcción de la democracia, pues no tengo duda alguna de que sin periodismo objetivo no puede haber democracia.

Una democracia sólida debe ser precedida por una información diaria, seria y responsable acerca del trabajo que realizan cotidianamente las instituciones del Estado encargadas de la toma de decisiones para la conducción y construcción del destino del país.   

El avance de las sociedades democráticas está íntimamente conectado a la profundización de las discusiones sobre el derecho a la libertad de expresión y al acceso universal a la información en un mundo cada vez más conectado. Libertad de prensa, desarrollo de los medios, privacidad, el rol de las TICs en las políticas públicas, gobiernos abiertos, protección documental, alfabetización mediática e informacional, son algunos de los muchos temas que están o deberían estar instalados en la mesa de discusión.

Un periodismo de calidad es aquel que tiene un rol de guardián (o “watchdog” suele decirse) esencial frente a las actividades que desarrollan los Estados en el marco de sus funciones cotidianas.

La libertad de expresión y el acceso a la información son derechos fundamentales en los Estados democráticos. 

Estos derechos fundamentales para las comunidades facilitan el debate abierto de las ideas y el desarrollo de las personas, contribuyen a transparentar y legitimar (como lo he señalado anteriormente) el desempeño de las instituciones públicas a garantizar la participación de la ciudadanía en las actividades políticas y facilitan el ejercicio pleno de otros derechos humanos. En definitiva, todos los poderes del Estado tienen obligaciones en relación con la garantía de la libertad de expresión y el acceso a la información.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. Segunda Edición, p. x, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha expresado que la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (recordemos, incorporada a nuestra Constitución Nacional en el art. 75 inc. 22) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirman: “El acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía (…) es también una herramienta particularmente útil para el ejercicio informado de los derechos políticos. Y es un instrumento para la realización de otros derechos humanos: el acceso a la información permite conocer qué derechos se tienen y cómo defenderlos”.

Sin dudas, la importancia del periodismo de calidad en la construcción de la democracia merece ser reconocido y amparado siempre bajo la protección de las leyes que garanticen su respeto, labor y reconocimiento diario en favor del sistema democrático y garantía de las libertades fundamentales de los ciudadanos, especialmente, de los más vulnerables.

Precisamente, al conmemorarse el Día del Periodista ayer 7 de junio, vaya mi reconocimiento a todos aquellos comunicadores de la prensa que trabajan arduamente en garantía de estos principios básicos de la democracia.