El excelente artículo de Guillermo Lipera “Hay que despolitizar la integración del Consejo de la Magistratura” me suscita las siguientes reflexiones. El artículo 114 de la Ley Suprema integra el Consejo de la Magistratura con los representantes de los “órganos políticos resultantes de la elección popular”, de los jueces y de los abogados. Y agrega que la ley debe procurar el “equilibrio” entre ellos. Por ende, no se ajusta a la Constitución fragmentar la representación de los órganos políticos entre oficialistas y opositores, pues de esta forma se reduce el porcentaje exorbitante que atesora en los hechos la representación de este estamento en el Consejo de la Magistratura con relación a la de los jueces y abogados. La clase política a la hora de pactar olvida los matices ideológicos y no pocas veces todo concluye en una simple toma y daca o do ut des del derecho romano (“te doy para que me des”). De este maridaje nació el Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994. La clase política de esa época decidió dinamitar la división de poderes e inmiscuirse de lleno en la vida interna de la Justicia -inédito en el país y en el mundo-; se hizo cargo de la selección de los jueces, de la administración de los recursos de la Justicia, de la potestad disciplinaria sobre ellos y de su eventual destitución. Otro hecho que quedó sin meritar en el estudio del doctor Lipera es que miles de causas por corrupción provienen de la clase política (por ejemplo, aduana paralela, Swiftgate, contrabando de armas, coimas IBM-Banco Nación, Yomagate, la Banelco, obra pública en Santa Cruz, ruta del dinero, cuadernos, Hotesur, Correo Argentino, blanqueo de capitales, autopistas, parques eólicos, etcétera). Lo insólito es que durante la vigencia de la ley 25.937 los representantes de la clase política en el Consejo de la Magistratura acaparaban el 47% de los consejeros (¿equilibrio?), mientras que los jueces y abogados se conformaban con el 26%; desproporción que se agravó con la actual ley 26.080 (proyecto de la doctora Cristina Fernández de Kirchner), que incrementó la representación de la clase política al impúdico 53% del total de los consejeros y al 57% del total de los jurados. El sistema argentino, tal como está estructurado, forja jueces serviles y vasallos de una clase política que administra los recursos de la Justicia, los incluye en las ternas, los sanciona y eventualmente los destituye. No por nada el Consejo Consultivo de Jueces Europeos ha recomendado: “Las autoridades políticas, como el Parlamento o el Poder Ejecutivo, no deberían participar en ninguna fase del proceso de selección del órgano de gobierno de los jueces”.

El padre de la patria, José de San Martín, lo tenía bien claro cuando en su carácter de protector del Perú grabó en el bronce este dogma de los pueblos libres: “Me abstendré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las funciones judiciales, porque su independencia es la única verdadera salvaguarda de la libertad del pueblo”.

Luis René Herrero
Profesor consulto de la UBA