Opinión

Adultos mayores y derechos en pandemia

miércoles, 23 de septiembre de 2020 00:58
miércoles, 23 de septiembre de 2020 00:58

Administrar en épocas de pandemia sin vulnerar derechos esenciales  es la  tarea dificilísima que está llevando adelante el Estado y que ha dejado en evidencia un sinnúmero de acciones que no estaban y que nos faltan.  Con respecto a los adultos mayores, que conviven en residencias de larga estadía (geriátricos, digamos), la línea es  muy delgada, pero debemos responder en el marco de ese delicado equilibrio. Para esto debemos incorporar paradigmas y miradas de la vejez que no han sido aprehendidas por la mayoría y, tomar conciencia.


El puntapié inicial lo dio hace muy poco el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa,  quien manifestó que la mitad de las más de 100.000 muertes en ese continente por COVID-19 ocurrieron en residencias de larga estadía para adultos mayores y lo calificó de “tragedia inimaginable” que podría evitarse en el futuro con mejoras en esos centros. El profesional, dijo además  que  se trata de una situación “profundamente preocupante” ya que ponía en evidencia que los cuidados habían sido “a menudo notoriamente olvidados”. Agregó que los empleados de muchos de estas residencias tienen un exceso de trabajo y una mala remuneración y pidió que se provea de vestimenta de protección y mayor apoyo a estas personas.


En 2015, Argentina aprobó la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Mayores. La misma establece una serie de definiciones y alcance de los derechos de las personas mayores, también define principios convencionales, entre ellos: la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, la igualdad y no discriminación, entre otros.


En este marco se ha buscado actualizar normas que ayuden a cambiar la visión y tomar conciencia de lo que hoy significa la vejez. Sin embargo,  y como ha quedado en evidencia, y pese a los esfuerzos que se hacen desde el Estado,  aún nos falta. Y, como daba cuenta el director de la OMS Europa, no es un dato menor el de las personas que se contratan (con escasa o nula formación y mal pagados)  en las residencias para cuidados de personas que lamentablemente hoy, ven restringida su libertad, pero sobre todo el contacto con sus seres queridos.


Como legisladora, hace poco presenté un proyecto que busca concretar una nueva reglamentación para este tipo de residencias, enmarcándolo en el nuevo paradigma de Derechos Humanos.  Estoy convencida de que es un deber del Estado garantizar la correcta atención de la población en su estadía en residencias de adultos mayores, fiscalizar y controlar su correcto funcionamiento: habilitación, planta física, recursos materiales y sobre todo el capital humano -cantidad y calidad de profesionales formados y supervisados, para su cuidado continuo e integral y personal de servicios para tareas generales (limpieza- cocina y otros). 


Aún estamos a tiempo de mejorar el camino de los derechos de todos. No sabemos cuánto tiempo más durará la pandemia, pero debemos de igual manera seguir generando herramientas para poder contar con un verdadero sistema inclusivo.

Lic. Adriana E. Díaz 
Diputada provincial 
Partido Intransigente-Frente de Todos
 

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