(*) Rodrigo Morabito
Comúnmente, las personas suelen opinar y lanzar una gran cantidad de improperios ante situaciones en que las personas menores de edad reciben un castigo cuando cometen un delito. 
Claro, siempre existe disconformidad en cuanto a la forma en que se las sanciona, sin detenerse al menos por unos instantes para pensar por qué, ese jovencito o jovencita llegó a esa situación lamentable de tener que sentarse frente a un tribunal para ser juzgado. 
Y sí, claro; si llegó hasta allí es porque se lo buscó y quiso. Quizás sea probable que sí o quizás que no; en verdad, a lo largo de los años al trabajar de juez me encontré con muchas situaciones diferentes, pero puedo asegurar que en la mayoría de los casos (algunos más y otros quizás no tanto) estuve al frente de chicos y chicas con necesidades básicas insatisfechas, falta de oportunidades, derechos fundamentales vulnerados, falta de contención en sus hogares, consumo de drogas y alcohol en demasía, violentados física y psicológicamente, entre otras cuestiones. 

Ahora bien ¿Y qué culpa tienen las personas que sufren los ataques de estos jóvenes? Claro está, ninguna, y el solo hecho de ser menor de edad tampoco es una licencia en blanco para cometer delitos y lastimar a otras personas sin tener consecuencias; de hecho ello nunca fue así y nunca lo será. Las personas menores de edad que cometen delitos siempre han recibido castigo y lo recibirán cada vez que transgredan la ley.  No hay dudas de ello. 
Sin embargo, ese castigo (que no deja de ser un mal que ha sido legitimado por el Estado) se encuentra condicionado al cumplimiento de las reglas legalmente establecidas y que no pueden ser avasalladas por ese mismo Estado que las ha regulado. 

En efecto, las personas menores de edad que deban recibir una sanción (siempre que tengan 16 años de edad y que no siempre deberá ser carcelaria o de prisión) no deben y tampoco pueden responder de la misma manera que una persona adulta, pues siempre estaremos ante personas que se encuentra en plano desarrollo madurativo de su psiquis y sus reacciones frente a esas conductas ilícitas son simplemente diferentes a la de los adultos. 
Nunca será lo mismo sancionar a una persona menor de edad que a un adulto, simplemente porque las normas dicen lo contrario y porque no se posicionan frente a delito de la misma manera. 

Nunca (y esto debería ser una premisa social) debería enorgullecernos de castigar a las personas menores de edad (tampoco a los adultos); aun cuando ello sea una consecuencia absolutamente inevitable, pues llegar a un castigo de los más jóvenes es una clara muestra (en la mayoría de los casos) de que no estamos haciendo las cosas bien o demasiado bien, ya que si realmente queremos conocer a una sociedad debemos (o deberíamos) conocer como castiga a las personas que se equivocan en la vida y conviven en esa misma comunidad y si llegáramos a la conclusión de que la cárcel es la única forma de castigar a los niños, niñas y adolescentes, entonces deberíamos asumir que no somos una Nación en absoluto; simplemente porque una Nación que no se ocupa de sus niños no debería ser considerada tal. 
(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal. Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef. Miembros del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.