La violencia sexual es uno de los flagelos que lamentablemente el Estado aun no ha logrado prevenir, aún a pesar de los esfuerzos realizados a través de informaciones o campañas de sensibilización lo cual, claro está, no dejan de ser de suma importancia. 

El 19 de noviembre se consagró una vez más el día mundial para la prevención y luchar contra el abuso sexual infantil, un problema grave por el que atraviesa el país y, en especial, nuestra provincia quien ostenta un alto índice de delitos contra la integridad sexual de la infancia. 

Este grave delito, sucede por lo general o casi en el mayor de los casos dentro del ámbito familiar, siendo cometido por personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes; siendo también realizado en su mayor medida por varones, quienes a través de la relación de poder que tienen sobre esos niños y niñas, se aprovechan de su vulnerabilidad.

Según datos de UNICEF, de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren o sufrieron abuso sexual antes de llegar a los 18 años de edad. De estos casos sólo se denuncia el 10%, y de cada 1000 denuncias solo una tiene sentencia firme, perpetuándose la impunidad en la mayor parte de las ocasiones. El 90% de los agresores son varones. A su vez, suele suceder que cuando un niño o niña denuncia una situación de abuso su entorno más cercano no le cree, ya que los atacantes son en un 75% personas del círculo cercano a la familia y el 53% de las agresiones se cometen en los hogares de las víctimas.

Sin dudas que se trata de unos de los delitos de mayor cifra negra existente debido a que muchos de ellos no se denuncian o no son descubiertos por esta situación de clara preeminencia adulta hacia la infancia.
Por otra parte, no debemos minimizar y subestimar a las nuevas tecnologías que están muy presentes en la niñez y la adolescencia, pues la existencia del grooming (acoso sexual digital o virtual), es una clara prueba de que la afectación a la integridad sexual de la infancia no siempre requiere de un contacto concretamente físico para provocar un grave daño a la salud mental de los niños y niñas. 

En efecto, un claro ejemplo de ello ha sido la dependencia del mundo a la virtualidad debido a la situación de pandemia la cual ha generado una intensificación de las condiciones que exponen a la niñez a este tipo de delitos.

Sin dudas que es fundamental hablar del tema para visibilizarlo, darles herramientas a los niños, niñas y adolescentes para que puedan defenderse y buscar ayuda ante una situación así, y, sin duda alguna al respecto, que de una vez y por todas se GARANTICE POR PARTE DEL ESTADO LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ESCUELAS, aún en las condiciones de enseñanza virtual que actualmente desafía los dispositivos educativos en todo el mundo. 
El art. 34 de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es una importante directriz a cumplir al momento que impone el compromiso de los Estados miembros de proteger a la infancia contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.

En definitiva, nuestro país como Estado Parte de la Convención y en especial nuestra provincia a través de sus instituciones tienen la responsabilidad de promover niñeces libres de violencias y sin dudas, la convocatoria a diferentes actores de la provincia por parte de la Municipalidad de Capital para la discusión y formulación de un Protocolo intersectorial para el abordaje de casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, es una trascendental política pública para el abordaje de este flagelo, pero no puede ser la única, sino que para evitar este lamentable flagelo y sus graves consecuencias, hace falta un compromiso social profundo en todos sus aspectos. 

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.