(*) Rodrigo Morabito
La violencia es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (física, psicológica, económica, política, sexual, etc.) e implica la existencia de jerarquías -reales o simbólicas- y es uno de los flagelos que mayormente afecta a los Estados; un claro desafío que debe abordarse en forma prioritaria.

Ahora bien, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, incluye todas las formas de violencia contra las personas menores de 18 años de edad; la cual ha sido infligida por sus padres o por otras personas que los cuidan, sus compañeros, sus parejas, etc., y sin dudas sus consecuencias son muy graves. 

En efecto, esa violencia contra los niños, niñas y adolescentes afecta, a lo largo de toda la vida, en su salud y su bienestar y en los de sus familias, sus comunidades y sus países.

Un niño o una niña maltratado o maltratada difícilmente pueda desarrollarse en el futuro de la misma forma que un niño o niña que durante su infancia ha sido contenido y acompañado con un buen trato por parte de quienes estén encargados de su crianza. Evitar la violencia es crucial, lo cual no significa no poner límites; ambas son cuestiones muy distantes la una de la otra. 
No es lo mismo golpear que decir no a alguna demanda caprichosa de los jóvenes. Lo primero es maltrato o violencia; lo segundo es límites a la demanda antojadiza de los jóvenes. 
Describir las diferentes experiencias de violencia que sufren los niños y niñas está lejos de ser sencillo; muy por el contrario, resulta un flagelo demasiado complejo. 

Ciertas formas de violencia son comunes en todos los entornos; así por ejemplo, el castigo físico y otras formas de castigo cruel o degradante son empleados por padres y madres y otros miembros de la familia en el hogar, como así también, por los responsables del cuidado y protección de los niños y niñas en instituciones, por educadores en las escuelas y del mismo modo se ocasionan a niños y niñas en conflicto con la ley penal. 

En los lugares de trabajo donde se encuentran niños y niñas que no alcanzan la edad mínima legal para trabajar, los empleadores a menudo gozan de impunidad para castigarles físicamente por su rendimiento inadecuado; mientras que en determinadas sociedades, un niño o niña que es identificado como “niño de la calle” puede llegar a ser golpeado o maltratado de otra manera, con total impunidad, por agentes de las fuerzas. 

Otra realidad es la de los niños y niñas explotados sexualmente, quienes frecuentemente describen el tratamiento violento que reciben por parte de los explotadores como si fuera algo que merecieran.

En definitiva, la violencia contra las infancias es un deber para los Estados ya que estos últimos necesitan aceptar que esto es una emergencia real, aunque no es una emergencia nueva. Durante siglos los niños y niñas han sufrido violencia a manos de los adultos sin que fuera vista ni oída. Pero ahora que la escala e impacto de la violencia contra estos colectivos vulnerables o grupos de riesgo se está haciendo cada vez más visible, no se les puede hacer esperar más por la protección efectiva a la que tienen derecho de manera categórica.

Fortalecer los sistemas o mecanismos de control y protección de la infancia, debe ser un desafío prioritario para la disminución y posibilidad de erradicación de la violencia contra los niños y niñas.

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.