En estos tiempos de difícil y grave situación sanitaria de la que no ha sido excepción casi ningún rincón del planeta por donde se ha extendido el virus del Covid-19, el funcionamiento de las instituciones de los Estados y el enorme esfuerzo realizado para su labor diaria en cuanto acceso y efectiva prestación de servicios a los ciudadanos, no solo que ha sido, sino que es un constante desafío de vital y trascendental importancia. 

Sin dudas, la Justicia penal como servicio esencial ha venido realizando un notable esfuerzo para dar respuesta a víctimas y victimarios sobre los conflictos en los que se han encontrado inmersos.

No puede desconocerse que la Justicia (como el resto de los poderes del Estado) ha sido una víctima más de la pandemia, pues los hombres y mujeres que la integran en todos sus escalafones, también han contraído (y los que aún no, tampoco están exentos) el virus del Covid-19, no obstante, el servicio de acceso a la Justicia se ha garantizado.

Los Juzgados, defensorías y fiscalías de turno han seguido funcionando. Lo han hecho en todas las circunscripciones judiciales, ergo cabe preguntarse qué hubiese ocurrido si de las calles de las ciudades hubieran desaparecido los agentes de las fuerzas de seguridad y si las unidades judiciales, defensorías y juzgados en lo penal hubieran dejado de trabajar; evidentemente el caos habría sido palmario, sin embargo, esto no ha ocurrido ni ocurrirá, no obstante es una idea que en el país algunos sectores se empeñan en transmitir, generando desconcierto e irritabilidad en los ciudadanos.

Sabido es que se han tenido que suspender plazos y actos procesales. Y ello ha sido así para poder preservar (en momentos de mayor alerta epidemiológica como ocurre actualmente en nuestra provincia) la salud de las personas que podrían haber contraído el virus en forma masiva afectando notablemente el servicio de justicia, no obstante, todo aquello que era preciso resolver ha sido resuelto; principalmente todos aquellos temas y causas que involucraban derechos fundamentales de los ciudadanos y que no podían (ni debían) esperar, precisamente para garantizar ese acceso a este derecho esencial.

En definitiva, todas las personas que prestan sus servicios en la Justicia y hacen posible su concreción día a día para dar una respuesta a los ciudadanos han estado ahí. No solo jueces, fiscales y defensores, sino también, delegados, secretarios, instructores y sumariantes y, por supuesto, también los abogados del ejercicio libre de la profesión quienes han estado al servicio de la sociedad. Claro que con las dificultades propias de una situación excepcional que afecta a todas las instituciones del Estado, pero más allá de ello, han estado como siempre trabajando presencial y virtualmente (o en forma remota como se le dice en estos tiempos que corren) y en muchos casos (como ocurre desde el inicio de la pandemia con todos los poderes del Estado) con sus propios medios, esto es, su propia computadora y con su propia instalación telefónica.

Sin dudas que los servicios del Estado se han visto afectados por la pandemia mundial; esto es así en Catamarca como en todos los lugares del mundo, sin embargo, las instituciones públicas como el Poder Judicial ha venido desarrollando su actividad como cualquier otro organismo público, claro que con las adaptaciones propias que exigen los tiempos que corren para el cuidado de la salud, pero garantizando el acceso a la Justicia como derecho fundamental de todo ser humano.     
 

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF.