Con la conflictividad social todavía a flor de piel, sin haber dado ninguna señal en dirección a la reversión de la política represiva-punitiva y la reparación del daño social, el gobernador de la Provincia usó su discurso ante la Asamblea Legislativa del pasado 1° de mayo para ratificar un rumbo que no sólo carece de legitimidad política y consenso social, sino que además evidencia su rotundo fracaso en los propios términos del “desarrollo” prometido.

La expresión del gobernador Jalil sobre “la necesidad de avanzar en el consenso minero”[1] evoca la imagen de una aplanadora en plena tarea de desmonte. En el mismo sentido, las declaraciones de la ministra Fernanda Ávila, señalando que “el objetivo es avanzar hasta lograr la licencia social de la minería”[2]; antes que una promesa tranquilizadora, tiene más bien el tono de una preocupante amenaza.

El llamado a un “diálogo” donde sus condiciones y términos están preestablecidos, donde los contenidos de los “acuerdos” se hallan también fijados de antemano, no puede ser tomado como tal. Eso no es diálogo. Se trata de un liso y llano simulacro; un acto de cinismo donde la alteridad es sólo evocada para ser incrustada como mero objeto en el montaje de una escena que sólo busca encubrir la realidad monológica del poder.

Tanto peor las aseveraciones de la ministra de Minería, respecto a que no van a cesar de “trabajar” hasta conseguir la “licencia social”. ¿Qué entenderá por “licencia social”? ¿En qué métodos, mecanismos y procedimientos estará pensando para “obtenerla”? Lo que conocemos de las experiencias previas al respecto es que cuando los sectores corporativos y los organismos gubernamentales ligados a los proyectos extractivistas hablan de “conseguir la licencia social” se refieren al despliegue de múltiples y diversificados dispositivos de manipulación, presión y control social exclusivamente alineados al fin de allanar el camino para viabilizar las explotaciones.

Lo que exhiben los estudios científicos disponibles sobre las “campañas de licenciamiento social” es que las mismas no tienen absolutamente nada que ver con procesos abiertos, transparentes y genuinos de información y conocimiento sobre los proyectos en cuestión (sus características, condiciones, implicaciones e impactos probables) a fin de generar y garantizar la participación libre y la decisión no manipulada de la población involucrada sobre la realización o no de los mismos. Por el contrario, el punto de partida y la condición no discutible de estas “campañas” es que los proyectos se ejecutan sí o sí. Lo máximo que se puede esperar de las mismas es el despliegue de prácticas de asistencialismo burdo y puro, combinadas con dispositivos propagandísticos exclusivamente centrados en instalar una versión distorsionada y nada realista de los presuntos beneficios del proyecto.

Menos que con asegurar el respeto incondicional a los derechos territoriales de la población, la tarea de “conseguir la licencia social” por parte de empresas y gobiernos tienen por finalidad con-vencer a la población sobre la inevitabilidad del proyecto, ya generando adhesiones interesadas, ya desgastando y/o dividiendo las resistencias, ya imponiendo sentimientos colectivos de resignación, abatimiento o desesperanza.

Sin embargo, lo que la clase política local no atina aún advertir es que la resistencia social a la megaminería en la Provincia no sólo está expresando el fracaso del “modelo minero de desarrollo”, sino también un digno acto de rebeldía que se levanta a denunciar el pacto colonial elitista que lo sostiene y que se pretende imponer como “política de Estado”. Lo que se ha quebrado en estos días, es la fachada que encubre este pacto. Ha quedado al desnudo el carácter elitista, estrictamente oligárquico, del “modelo minero”.

Los acontecimientos recientes (parte de una larga cadena de hechos y procesos que nos regresan a la memoria de larga duración de la lucha anticolonial), ponen en evidencia que en la provincia no hay y nunca hubo licencia social para la minería a gran escala, tal como pretendió hacer creer el gobierno hacia adentro y, sobre todo, hacia afuera, a los ojos de los inversores externos.

La alusión a un tal “consenso minero”, lejos de dar cuenta de un amplio, mayoritario y sólido consentimiento democráticamente otorgado por parte de la ciudadanía a este tipo de explotaciones, o bien al consentimiento libre, previo e informado en caso de pedimentos y proyectos mineros en territorios indígenas, se refiere, en realidad, a un acuerdo restringido a las élites locales que se sucedieron en el gobierno y con expectativas de seguir haciéndolo, en base a un férreo control oligárquico de los organismos del Estado y de la renta extractivista.

El eslogan de la minería como “política de Estado”, lejos de ser una política de Bien Común democráticamente refrendada por la voluntad popular (más allá de otras diferencias ideológicas), expresa, en todo caso, esa espuria alianza de cúpulas, entre el poder político local y su adhesión subordinada e incondicional a los intereses extractivistas del poder global, operado por un núcleo oligopólico de grandes corporaciones transnacionales.

La perseverante resistencia del pueblo de Andalgalá contra un proyecto extremo, como el de la explotación de Agua Rica, es una impugnación contra ese pacto elitista, oligárquico, neocolonial, que pretende imponer, sobre nuestros territorios y cuerpos, el “destino manifiesto” de una “Catamarca minera”. Esa resistencia histórica -que, pese las represiones, subsiste y se extiende a toda la provincia- es un acto de rebeldía contra ese presunto “destino manifiesto”. Esa resistencia es también una interpelación a toda la sociedad catamarqueña, que nos advierte sobre los riesgos de pasar a ser completamente una provincia minada. Se trata así, de una resistencia cargada de futuro, que abre la posibilidad histórica de alejarnos de un “destino” (viejo y conocido) de élites rentísticas, asistencialismo clientelar, pobreza estructural, depredación de las economías locales y degradación del suelo democrático. Negarnos a ser una provincia minada es una condición, no suficiente, pero sí indispensable para, así, imaginar y proyectar, con realismo y con los pies en la Tierra, un futuro de justicia, bienestar común y vida digna para lxs nietxs de nuestrxs nietxs.

11 de mayo de 2021, Catamarca (Argentina).

Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET -UNCA. 

Horacio Machado Aráoz (Investigador Adjunto Conicet - CITCA, Cátedra de Sociología II, Fac. de Humanidades, UNCA), Claudia Inés Sosa (Docente Investigadora, Cátedra de Investigación de las Cs. Sociales, Fac. de Humanidades, UNCA), Mariela Analía Pistarelli (Docente Investigadora, Cátedras de Sociología, Fac. de Humanidades, UNCA), María Belén Verón Ponce (Docente Investigadora, Coordinadora de la Especialización en Políticas de Género y Violencia, Fac. de Humanidades, UNCA) y otras firmas.