Columna de opinión

Rodrigo Morabito: “La reinserción social como política de Estado”

lunes, 3 de mayo de 2021 00:39
lunes, 3 de mayo de 2021 00:39

La República Argentina en la reforma constitucional de 1994 incorporó a su ordenamiento jurídico interno la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional como ley suprema (art. 31 de la CN). 


Ambos tratados internacionales postulan como principio de suma importancia apostar a la reinserción o readaptación social de las personas detenidas con condena firme. 


En efecto, la Convención Americana en su art. 5.6 establece nada más y nada menos que “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”, mientras que el art. 10.3 del Pacto Internacional nos dice que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”.  


Ahora bien, más allá de lo señalado en estas normas de carácter supremo, debo advertir que el propio art. 1 de la ley 24.660 estipula la reinserción social como un principio fundamental y, a su vez, un objetivo para el Estado argentino cuando dispone que la finalidad de la ley es la reinserción social de las personas privadas de libertad procurando el apoyo y la comprensión de la sociedad, algo muy difícil de conciliar en tiempos de tanta violencia, sin embargo, es y debe ser una tarea primordial para el Estado.


Claro que el delito y sus consecuencias provocan mucha rabia y reacciones a veces mucho más violentas que aquellas que el propio delito provoca (algo inconcebible en un Estado democrático de derecho) pero para eso existen las instituciones del Estado que juzgarán ese delito e impondrán (si corresponde y luego de un proceso debido a través de un juicio justo) una sanción que podría implicar (si así lo estipula la ley penal y las circunstancias del caso en concreto) la privación de libertad y, a partir de allí, el Estado DEBE empezar a trabajar en la reinserción social de esas personas, ergo la cárcel es para seguridad (obviamente social) y para reinsertar o readaptar y no solo para encerrar, ya que tarde o temprano esas personas deberán recuperar su libertad y sin inserción social ni oportunidades de desarrollo en el medio libre luego de una condena las condiciones de vida son sumamente adversas.


La reinserción social de las personas debe ser un eje trascendental para un Estado que se precie de democrático de derecho, pues es muy complicado que las personas detenidas puedan aprender a vivir en sociedad si en la cárcel no se apuesta fuertemente con herramientas eficaces a aquella finalidad mediante una modalidad que utilizada sea lo más parecida a la realidad cotidiana (trabajo, estudios, deporte, etc.) ya que esa reinserción o readaptación perseguida no tendrá efectos positivos sino tiene nada que ver con lo que pasa afuera de la cárcel. 


Actualmente, no hay ningún punto en el que la cárcel y la sociedad se toquen, son modelos antagónicos y ello es altamente perjudicial para las naciones.


Por supuesto que luego de recuperada la libertad, el Estado debe seguir acompañando a esas personas para su desarrollo en el medio libre y el de sus familias.


Esto último fue algo que sostuvo el Gobernador de la provincia en su discurso del día sábado 1 de mayo en el 132 período de sesiones ordinarias.


Allí el Gobierno provincial fijó como política de Estado apostar a la reinserción social de las personas condenadas por delitos al establecer que enviará a la Legislatura Provincial un proyecto de ley por el cual se otorgue beneficios impositivos a todas las empresas y empleadores que den oportunidades laborales a aquellas personas que en cumplimiento de su condena hayan obtenido el beneficio de la salida laboral o que ya hayan cumplido toda la condena.


Sin dudas que esta es una importante y trascendental política de Estado provincial que debe destacarse y apoyarse, pues, tener un oficio y conseguir trabajo es uno de los principales factores para lograr que quienes salen de la cárcel puedan tener una vida fuera de la prisión luego de su condena con reales posibilidades de no recaer nuevamente en el delito.
(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF.  
 

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Comentarios

3/5/2021 | 10:11
#0
Siempre hablando BOLUDECES, no te ENTERASTE que hay NARCOFAMILIAS, QUE HAY VIOLADORES QUE LOS LARGAS Y SIGUEN EN LA MISMA. PENAS MÁS DURAS Y SE CURAN PARA TODO EL VIAJE. Siempre SON VICTIMAS para vos, x q no renuncias al cargo y te pones una ONG salven a los Malandras, así podes ayudarlos....ALGÚN DÍA PONETE DEL LADO DE LAS VICTIMAS.

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