(*) Rodrigo Morabito

Comenzaré este breve espacio mencionando que los artículos 22, 23, 25 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecen claramente que “Toda persona ... tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad ...Toda persona tiene derecho al trabajo ...Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ... Toda persona tiene derecho a la educación ”. 

Estos derechos tan trascendentales, se tornan una absoluta y prioritaria obligación para los Estados y, en especial, para la República Argentina en razón a que la Declaración Universal de Derechos Humanos y ante todo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales gozan de jerarquía y supremacía constitucional (arts. 31 y 75 inc. 22 CN) más allá de las distintas disposiciones específicas relacionadas con tales derechos y contenidas en el resto de los tratados internacionales también incorporados a la Constitución Nacional.

Ahora bien, a mi modo de ver, la pobreza es una de las peores violencias que pueden sufrir las personas debido a que se ve materializada en una violación generalizada a todos sus derechos humanos, tanto civiles y políticos como sociales, económicos y culturales; ergo la pobreza no solo implica ausencia de ingresos económicos (sin dudas es mucho más que eso), sino que significa estar inmersos en múltiples privaciones que invisibilizan, avergüenzan y hasta humillan a las personas, pues al encontrarse en estas adversas condiciones, las personas pobres sufren cotidianamente la vulneración sistemática de sus derechos humanos fundamentales.

En definitiva, la pobreza y, hoy en día la pobreza extrema, significa absoluta carencia de oportunidades en un mundo pleno de posibilidades (pues también existe la riqueza extrema). Las personas pobres no pueden cambiar su situación debido a que se les niegan sistemáticamente los medios necesarios y fundamentales para desarrollar esa capacidad en razón a falta de libertad política, incapacidad para participar en los procesos de toma de decisiones, falta de gobernabilidad, falta de seguridad personal, incapacidad para participar en la vida de la comunidad y amenazas para la equidad sostenible e intergeneracional. Es la denegación del poder y de los recursos económicos, sociales y políticos lo que mantiene a la pobres sumidos en la pobreza.
Como podrá advertirse, aunque la pobreza se ha visto como un fenómeno y, claro está, como un flagelo histórico, las formas en que se manifiesta actualmente son cada vez más complejas.

Ante esta situación, el análisis de la pobreza debe ser abordada desde una perspectiva de derechos humanos, debiendo partir del reconocimiento de las personas, grupos y colectividades que viven en dicha situación como titulares de derechos humanos y agentes de cambio. Es decir que las personas que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, dejen de ser consideradas por los Estados como “receptoras pasivas de ayuda” o “sujetos de beneficencia”, para ser tratadas definitivamente como titulares de derechos humanos, pudiendo exigir su cumplimiento y una debida protección por parte del Estado.

En conclusión, ante la situación por la que atraviesa el mundo y el país por los efectos de la pandemia, el desafío sigue siendo velar por los más vulnerables y, trabajar para la erradicación de la pobreza y la desigualdad.

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.