Columna de Opinión

“Sobre la violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”

lunes, 26 de julio de 2021 01:45
lunes, 26 de julio de 2021 01:45

(*) Rodrigo Morabito
Sin dudas en los tiempos que corren y más allá de los avances que han llevado al reconocimiento hacia las mujeres de sus derechos fundamentales y a vivir una vida libre de violencia, aún queda mucho por hacer, especialmente cuando en ocasiones puede ocurrir que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad extrema.


En efecto, piénsese por un instante en aquellas niñas (primera vulnerabilidad) que se encuentran sumidas en una pobreza extrema (segunda vulnerabilidad), que pueden tener una discapacidad (tercera vulnerabilidad) y que, incluso, pueden estar siendo víctima de violencia física, psicológica y sexual (cuarta vulnerabilidad).


Evidentemente, ante esta situación, el Estado debe intervenir rápidamente a través de las instituciones de protección integral y, claro está, además garantizando el acceso a la Justicia para el reconocimiento pleno de los derechos que se encuentran vulnerados. 


Sobre este último punto, debo advertir que los organismos internacionales han señalado que el derecho de acceso a la Justicia para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos se encuentra reconocido a todas las personas en los principales instrumentos internacionales, entre ellos en la Convención Americana y en la Declaración Americana de Derechos Humanos. 
Al respecto de ello, resulta de suma importancia destacar que los Estados deben adoptar todas aquellas medidas adecuadas para garantizar este derecho (acceso a mecanismos de protección y de justicia), tomando en especial consideración las particulares condiciones de las niñas y las adolescentes y el deber de protección especial hacia ellas en atención al artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 


Sin embargo y sin perjuicio de lo anterior, aún existen numerosos desafíos para los Estados en el abordaje de la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, ergo, todavía prevalecen diversas formas de violencia y discriminación específicas, tales como matrimonios y uniones de hecho forzados; embarazos precoces y resultantes de violencia sexual; explotación laboral infantil, trata de personas y, claro está, la violencia a través de las nuevas tecnologías.


Por supuesto que aún también persisten prácticas que responden a factores estructurales de discriminación contra las mujeres y las niñas, como el sexismo, el machismo y la prevalencia de estereotipos de género profundamente arraigados en el tejido social.
Asimismo, debe aclararse que la violencia y la discriminación no afectan a todas las mujeres por igual: las mujeres afro-descendientes, aborígenes, lesbianas, bisexuales, trans e intersex (LBTI) sufren violencia y discriminación en una base doble e incluso triple, además de su género. 


Ante este panorama, no cabe sino concluir que indudablemente las instituciones públicas deben están preparadas para todas estas nuevas problemáticas que rodean a mujeres y niñas haciéndolas más vulnerables de lo que ya son, fortaleciendo no solo sus estructuras de atención a los fines de contar con las herramientas adecuadas para brindar protección, sino y ante todo, a través de la capacitación permanente de sus agentes y la sensibilización constante de la comunidad, ya que en un Estado democrático de derecho, la prevención siempre será fundamental.  

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana. 

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