Alguna vez como estudiante supe escuchar en mis clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba que los distintos casos o causas (como se les quiera llamar) jamás se deben hacer personales y que se resuelven en los tribunales. Allí, (precisamente en los juzgados y fiscalías) se litiga, se discute, se refuta, se prueba y se impugna, entre otras cuestiones.
Ahora bien, en los tiempos que corren; pareciera ser que toda esa actividad se realiza en los medios de comunicación. 
Debe quedar muy en claro que no está para nada mal expresarse a través de la prensa, al contrario, es un derecho, sin embargo, al hacerlo, sobre todo quienes trabajamos en derecho, jamás deberíamos generar confusiones y mayor conflictividad que la que ya se creó con el delito que se investiga o juzga. 

En efecto, cada parte en una determinada controversia jurídico penal hace su trabajo a través de un rol establecido, no obstante, cuando el resultado no es el esperado por alguna de esas partes, se deben utilizar los mecanismos legales para cuestionar, atacar y corregir la decisión que afectan a los intereses de la parte que se representa y no descalificar esa decisión por la descalificación misma. Al menos, no sin antes haberla cuestionado jurídicamente. Hacerlo por supuesto que está permitido, sin embargo es poco serio e irresponsable.

La justicia (siempre refiriéndome a la penal, por cierto) realiza un trabajo que como cualquier otro no está exento de ser cuestionado debido a que en la transición de ese trabajo se pueden cometer yerros que deban ser corregidos mediante el mecanismo de los recursos que serán examinados por un tribunal de alzada dependiendo de la etapa del proceso en el que se encuentra el conflicto. De eso no existe (o no debería existir) duda alguna. 

Es muy entendible que el ciudadano lego (incluso todo aquel ciudadano o ciudadana involucrados en un conflicto determinado que se sustancia en la justicia) puedan molestarse en razón a que la expectativa que tenían se haya visto frustrada a través de una decisión adversa (que hasta que se agoten todas las instancias no será la decisión final o definitiva y, por ende, corregible si es que corresponde) sin embargo, ello se torna inentendible cuando ese enojo o molestia (que por supuesto es muy humano el enojarse o molestarse) se materializa mediante los medios masivos de comunicación a través de descalificativos y mayor conflictividad de la que ya se está abordando en el proceso penal y por quienes nos hemos formado jurídicamente para contribuir a la paz social mediante la solución de los conflictos con la ley como principal herramienta.

En los tiempos que corren, en donde la violencia nos gana a diario, la utilización de mecanismos (reitero, por parte de quienes debemos contribuir a la solución pacífica de los conflictos, esto es, los hombres y mujeres del derecho) que generen mayor irritabilidad y conflictividad de la que ya existe en la sociedad sin haber agotado las instancias jurídicas preestablecidas por las leyes, es una clara muestra del mal camino que hemos elegido para la solución de los conflictos sociales a través de la ley, el derecho y la justicia; tergiversando el fin de todo sistema de justicia como única herramienta de pacificación social.    
(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Miembro de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.