Columna de opinión

“¡Nunca será suficiente!”

lunes, 18 de abril de 2022 01:24
lunes, 18 de abril de 2022 01:24

(*) Por Rodrigo Morabito 

La Justicia penal a diario resuelve determinados conflictos que se generan entre las personas debido a la transgresión de la ley penal, sin embargo, cuando ello ocurre pareciera ser que nunca es suficiente y sin dudas, pienso que nunca lo será. 
Muchas veces se reniega de que una determinada sanción, pena o condena (como se la quiera llamar) es poco para todas aquellas personas que son responsabilizadas penalmente. 

Ahora bien, quien comete un delito debe responder ante la Justicia y la ley, esa es una consecuencia innegable e ineludible que trae consigo la trasgresión de las normas vigentes y el daño que con la conducta ilícita se produce a los ciudadanos y ciudadanas; sin embargo, ello no es a costa de la trasgresión a su vez de otros derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que el país adhirió, caso contrario, viviríamos en una especie de lejano oeste regido por un poder salvaje que va más allá de toda idea democrática de un Estado de derecho. 

El debido proceso legal, el derecho de defensa en juicio, el principio de inocencia, una condena o absolución sustentada en evidencias probatorias, entre otros principios, derechos y garantías son premisas fundamentales que deben cumplirse para no caer en decisiones arbitrarias y autoritarias que no son propias de un Estado que se precia a diario de democrático de derecho, no obstante, pareciera que estas premisas fundamentales de un proceso penal, en la opinión cotidiana de muchas personas deben ser obviadas, vulneradas o simplemente negadas, claro está, mientras no nos toque ser personas procesadas por recaer en una conducta ilícita y para ello no hace falta ser un delincuente ya que existen conductas que son delitos en las que se puede incurrir sin ser delincuente o hacer del delito un medio de vida; nadie está exento de ello, por lo que el deber de respetar derechos y garantías debe (o debiera) ser algo de lo que la ciudadanía se enorgullezca y se sienta protegida, no obstante la realidad lamentablemente nos muestra que no es así. 

El derecho penal argentino es uno de los más duros no solo de la región, sino del mundo entero y nada tiene que ver con el derecho penal estadounidense o yanqui (como se le suele decir), ese es otro tipo de sistema penal que nosotros no hemos heredado, no obstante este último sistema está impregnado de racismo y clasismo sin poder minimizar las conductas delictivas que se producen en aquel país del norte, aun cuando en algunos Estados siga vigente la pena de muerte. 

En nuestro país existe pena perpetua (que es de 50 años de prisión) en delitos en los que no se puede recuperar la libertad y también en otros delitos en los que tampoco es posible recuperarla sino recién al cumplimiento total de la condena, no obstante ello siempre es poco, no alcanza o no sirve como pena, si son diez años debieran ser 20, si es pena perpetua debería existir la pena de muerte y así seguiríamos hasta quizás llegar a atrocidades ya superadas por el hombre como la guillotina o la tortura de quienes cometen delitos. 

Aplicar una sanción penal a una persona no es simplemente un cálculo a ojo de buen cubero o una sanción basada en sentido del humor con el cual se levantó el juez el día del veredicto final, aplicar una pena debe ser una de los actos más racionales, proporcionales y limitados de un Estado, un acto que además de ser fundado y explicado en detalle minucioso, debe ser justo, pues para eso es la Justicia; sin embargo, pareciera ser que ello tampoco es suficiente a un nivel de tanta omnipotencia que olvidamos a diario que nosotros, los nuestros o el círculo social que nos rodea puede recaer en el delito y con ello, en una Justicia de la que esperaríamos (ahora sí) racionalidad y ecuanimidad.


(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Miembro de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.
 

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