(*) Rodrigo Morabito

Cuando el artículo 17 de la Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN) reconoce la importante función que desempeñan los medios de comunicación y su deber de velar por que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental; no hace otra cosa que fijar una obligación no solo en cuanto a brindar información fundamental para su bienestar, sino también, a tratar todo tipo de noticia con responsabilidad al momento de cronicar circunstancias a través de las cuales esos niños, niñas y adolescentes aparezcan como transgresores, víctimas o, simplemente, vulnerados en sus derechos.

No hay duda alguna en un sistema democrático acerca de que el periodismo desempeña un papel esencial para dar voz a los más débiles e indefensos (los más vulnerables) y, por ende, en la creación de criterio en la ciudadanía. Pero, claro está, no solo se trata solo de dar visibilidad a ciertos colectivos vulnerables en los medios de comunicación, sino de hacerlo de forma ética.
En efecto, la presencia de menores de edad en los medios de comunicación se ha vuelto cada vez más vulnerable en la sociedad de la información, especialmente con la llegada de internet y el manejo de las redes sociales que, aunque supusieron nuevas oportunidades para la profesión periodística, derivaron en mayores dificultades para proteger a la infancia.

La vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes es una cuestión indiscutible en los tiempos que corren; ¡todo niño o niña es vulnerable y punto!, independientemente del sector social al que pertenezca, las condiciones económicas con las que cuente, etc., la vulnerabilidad es una característica propia de la niñez que, a su vez, puede verse agravada por una cuestión de género, de pobreza, de privación de libertad, de discapacidad, entre otras circunstancias que en cada abordaje periodístico deberá tenerse especialmente en cuenta para no seguir agravando aún más aquellas contingencias.

Pocos deberes son más trascendentales en el oficio periodístico que el respeto de los derechos y de la dignidad de los menores de edad. Los niños y las niñas son protagonistas a menudo de las noticias, la mayor parte de las veces en situaciones de extrema vulnerabilidad y la importancia es resaltar porqué ese niño llegó a esa situación independientemente de lo que hizo o no hizo.

La intimidad personal y familiar, el derecho al honor y a la propia imagen, y el interés superior del niño, siempre deben regir cualquier información. Estas tres premisas deben estar presentes a la hora de informar sobre la infancia. El niño no solo es protagonista de la información, sino que, como persona especialmente vulnerable, está amparado por derechos que bajo ningún concepto se pueden quebrantar.

Por otra parte, la importancia de la información sobre buenas prácticas por ejemplo en los colegios, las actuaciones de empatía y compañerismo, los comportamientos de generosidad y solidaridad que ofrecen niños y jóvenes son también noticias de interés que merece la pena contar, como así también, toda aquella que implique una superación de los niños y niñas respecto de todas aquellas circunstancias que lo vulneraban.

En definitiva, la importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de una imagen social positiva hacia los niños, niñas y adolescentes es un imperativo que no puede obviarse, simplemente porque como se dice a menudo en la calle o en la vida cotidiana, “los niños no nacen de un repollo”, “tampoco los trae una cigüeña”; los niños son consecuencia de los adultos y eso es importante que se resalte en toda información que sea necesario cronicar. 

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Miembro de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.