(*) Rodrigo Morabito
Aunque el término “empoderamiento” no ha sido definido por el derecho internacional de los derechos humanos, suele entenderse en general como un término que abarca una amplia serie de medidas destinadas a lograr la autodeterminación y la plena participación en la sociedad. El empoderamiento consiste en permitir que cada persona tome posesión de su propio poder inherente para dar forma a su vida y a la vida de su comunidad.

Ahora bien, hoy en día no debiera existir la mínima duda de que los niños y niñas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos los demás niños y niñas, y su empoderamiento depende de la efectividad de esos derechos y la capacidad y compromiso prioritario que tengan los Estados para garantizarlos. 

Con frecuencia (en especial por el mundo adulto) se ignora la capacidad de acción que tienen los niños y niñas, como participantes en la familia, la comunidad y la sociedad, o se rechaza por inapropiada en algunas culturas y regiones. 

Por otra parte, es por demás sabido que los niños y niñas con discapacidad se enfrentan a una serie de barreras interseccionales para el pleno disfrute y el ejercicio de sus derechos fundamentales debido a su género, edad, deficiencia, color, raza, origen étnico o social y religión, entre otros motivos. Desde el nacimiento, los niños y niñas con discapacidad corren un mayor riesgo de no ser inscritos ni contabilizados, de que se les niegue la educación y la igualdad de oportunidades de juego y de inclusión en la comunidad. Algo prácticamente inaudito en los tiempos que corren. 

En efecto, en comparación con otros niños y niñas; quienes sobrellevan una discapacidad, tienen más probabilidades de ser internados en instituciones y de estar expuestos a la violencia en esos entornos, así como en el hogar, en la escuela y en la comunidad en general. Las violaciones de los derechos que sufren los niños con discapacidad se intensifican por las barreras a que se enfrentan en la reivindicación de sus derechos, incluido el derecho a participar, a expresar su opinión y a ser escuchado en la adopción de decisiones, y en su acceso a la justicia.

Sobre este último aspecto, debo advertir que la existencia y cumplimiento de un marco jurídico y normativo sólido, una mayor comprensión y concienciación de los derechos de los niños y niñas con discapacidad y la aplicación de buenas prácticas para la inclusión y la participación, pueden ayudar a empoderar a los niños con discapacidad para que disfruten de sus derechos plenamente y en pie de igualdad con los demás niños y niñas.

Esto último, debe ser un prioritario y efectivo deber del Estado para que los niños y niñas con discapacidad puedan gozar de sus derechos humanos fundamentales, sin necesidad de peregrinar por los mismos, pues tan solo necesitan ser internalizados por todos y verlos concretados en la práctica.  

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Miembro de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.