Rodrigo Morabito
Constantemente se critica a la justicia desde distintos aspectos y desde diferentes sectores, sin embargo, la justicia a diario tiene que enfrentar obstáculos para resolver determinados conflictos que se  generan entre las personas y, muchas veces, esa solución no solo proviene de sus propios estamentos sino desde otros sectores que deben garantizar los derechos de esas mismas personas. 

En efecto, más allá de la independencia de la justicia para con el resto de los poderes del Estado, es necesario la existencia de nuevos consensos para pensar qué justicia queremos, cómo mejoramos la calidad de su funcionamiento, cómo fortalecemos su independencia, cómo arraigamos la perspectiva de género, cómo incluimos las perspectivas de las infancias y la ancianidad, cómo generamos conciencia sobre los modos de abordar y prevenir las violencias contra las mujeres y personas LGBTI+, cómo garantizamos los derechos humanos, entre otras cuestiones que se generan a partir de las nuevas problemáticas sociales.
Ahora bien, es imperioso precisar que para ello es necesario que las políticas públicas estatales se encuentren plenamente garantizadas y no solamente desde el punto de vista legal, sino, además, desde lo presupuestario en cuanto a recursos humanos, materiales y tecnológicos. Los derechos en la actualidad muchas veces se vulneran por cuestiones muy básicas y claramente solucionables. No basta con sancionar leyes, sino que hay que cumplimentar con lo que ellas exigen. 

Sin dudas que los tiempos actuales requieren inmediatez debido a que la vulnerabilidad de determinados colectivos de personas o grupos en riesgo necesitan de una intervención rápida e integral en forma interdisciplinaria del conflicto que lo involucra, y para ello es necesario trabajar mancomunadamente con el resto de las instituciones públicas creadas para tal fin abordando la problemática en forma integral a través de equipos especializados. 

En los tiempos que corren, resulta sumamente difícil pensar en una justicia absolutamente en soledad del resto de las instituciones públicas y privadas que trabajan en distintas problemáticas que afectan a la ciudadanía, especialmente, a los más vulnerables, ergo, es necesario conocer con qué herramientas y recursos se cuenta para solucionar los conflictos en la que esa misma ciudadanía se encuentre inmersa. Siempre, claro está, quedando a salvo la independencia y autonomía de la decisión que la justicia debe tener en relación a esos otros poderes del Estado respecto de la resolución de tales problemáticas.

En definitiva, esta columna de opinión resulta insuficiente para abordar un tema de discusión tan amplio como el que propone el título de este pequeño espacio debido a la gran diversidad de ideas existentes, sin embargo, en estos tiempos en donde el mundo resulta demasiado convulsionado y en donde el sistema de los derechos humanos de las personas se ve afectado casi cotidianamente; resulta necesario para poder garantizar los mismos, trabajar fuertemente en la capacitación de las personas que prestan servicios no solo en la justicia, sino también, respecto de las personas que trabajan en las instituciones públicas que forman parte de otros poderes del Estado; algo que el Poder Judicial provincial viene realizando constantemente.
(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Miembro de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.