Días pasados, el Sr. Secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Allesandro, pidió bajar la edad de punibilidad de los niños, niñas y adolescentes a 14 años con el argumento de que “entran y salen” sin que les pase nada.
Evidentemente que esto no es para nada así. Los chicos que cometen delitos siendo punibles son sometidos a proceso y deben responder ante la justicia y la sociedad (de hecho así ocurre en más de una oportunidad) por los delitos cometidos respetándose su derecho a la inocencia, debido proceso y defensa en juicio. Nada que no diga la Constitución Nacional y los tratados internacionales debidamente ratificados por el legislador argentino. 

Sin embargo, ha sido un deseo de prácticamente todos los sectores políticos (con algunas excepciones sin dudas), el de bajar la edad de punibilidad para abarcar y castigar a todos aquellos chicos y chicas que a partir de determinada edad se conviertan en infractores a la ley penal. 

Ahora bien, El fenómeno del delito y sus consecuencias para poder ser regulados deben responder a un patrón de continuidad en el tiempo que ameriten ese estudio y luego con estadísticas o datos empíricos razonables proceder a regular el fenómeno ilícito a través de una ley que fije una sanción por esa o esas conductas consideradas ilícitas, sin embargo, por mal que nos caiga, esos datos empíricos o estadísticos ya fueron analizados en nuestro país en más de una oportunidad y siempre se llega a la misma y única conclusión, NO ES POSIBLE NI RAZONABLE BAJAR LA EDAD DE CASTIGO DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD, simplemente porque no cometen delitos en la misma cantidad y proporción que las personas mayores de edad y, además, porque por debajo de la edad de castigo actual (16 años) en razón a delitos como homicidios, en lugares como por ej. Buenos Aires al ser la provincia de mayor densidad poblacional, no supera el 1%.

De una vez por todas, se debe entender que para disminuir el delito hay que generar oportunidades para los jóvenes y garantizar sus derechos fundamentales. Si desde el Estado la única respuesta sigue siendo abordar el delito solo y a través del poder punitivo, ese Estado está destinado a fracasar como lo ha hecho hasta ahora; ergo, la Argentina tiene no solo el sistema punitivo más viejo del mundo, sino que, además, es uno de los más duros y crueles en materia de infancia de la región.
Es necesario comenzar a trabajar desde el Estado a través de consensos entre las instituciones públicas que deben brindar una respuesta a la ciudadanía; consensos que deben ser sostenidos y fluidos en el tiempo entre los tres poderes del Estado para evitar mensajes que lamentablemente no traerán una respuesta para la inseguridad de las personas y tampoco garantizarán los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 
 

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Miembro de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.