(*) Rodrigo Morabito

Las redes sociales no son más que un espacio (virtual por cierto) que a diario y durante la mayoría del tiempo utilizan las personas para el intercambio desde distintos puntos de vista. 

Ahora bien, como espacio cotidiano de las personas ¿debería ser regulado? La respuesta al interrogante es demasiado o podría ser demasiado controvertida; sin embargo, considero que no debería confundirse a las personas más de lo que realmente implica la idea. 

En las redes sociales las personas tienen el derecho a expresarse de la manera que lo deseen y ese derecho (el de libertad de expresión) es inalienable y fundamental, de lo contrario, se pondría en juego la libertad de las personas de poder manifestarse de acuerdo a sus convicciones, principios e ideología. Esto no debería estar en discusión de ninguna manera. 

En otras palabras, debe quedar muy en claro que la libertad de expresión es un pilar de la Democracia que puede ser ejercitada, también, en las redes sociales. No obstante, esta libertad acaba donde comienzan los derechos de los demás, por lo que no puede ser usada como excusa para agredir o vejar de forma innecesaria a otras personas, invadir su espacio privado o hacer uso de su imagen sin su consentimiento. Y la gran diferencia entre el mundo off line y el mundo on line es que todo lo que ocurre en éste deja un rastro virtual que puede ser seguido para localizar al autor, por lo que las cautelas deben extremarse.

Como podrán advertir los estimados lectores, a través de las redes sociales se pueden cometer delitos como injuriar, calumniar, instigar al delito o al odio, etc., etc., por lo que ese derecho esencial o fundamental como la libertad de expresión (que como todo derecho no es absoluto), encuentra sus límites ante este tipo de situaciones. 

Evidentemente, ante estas contingencias, las personas deberán responder por los delitos o daños que provocaren con sus publicaciones y, ante ello, no se necesita regulación alguna, ya que el espacio virtual es sin dudas un espacio más y demasiado común hoy en día, en el que las personas se manejan a diario siendo responsables de lo que publican. 

En definitiva, mientras la ciudadanía no cometa un delito, todo lo demás está permitido dentro del marco del derecho a la libertad de expresión y, por otra parte, no es un papel de la justicia estar corrigiendo a todos aquellos que se insultan y se tratan soezmente, pues las obligaciones de la justicia van más allá (cuando se cometan delitos o daños tutelados por la ley) de corregir el mal lenguaje de los ciudadanos.

Por último, debe quedar muy en claro que la libertad de expresión es la regla y que la excepción a esa regla se crea en los casos en los que un ciudadano o ciudadana ve gravemente afectados sus derechos a vivir una vida digna y a no ser humillado. Esto significa que la intervención de la justicia sobre lo que los usuarios de redes sociales se dicen debe ser excepcional, y solo cuando se esté ante un delito o daño grave sobre los derechos de los otros.

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Miembro de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.