Aunque nada se dijo oficialmente, existe inquietud en distintos ámbitos ante la posibilidad de que se pierdan para siempre expedientes de archivos judiciales que reflejan causas comprendidas entre los años 1976 y 1986, lo que incluye información del período de dictadura militar del denominado Proceso de Reorganización Nacional.
Se trata en realidad de un procedimiento habitual de la Corte de Justicia, implementado por la necesidad material de eliminar progresivamente archivos que ocupan espacio físico y aluden a episodios cuya información jurídica caducó por completo, ya sea porque se trata de causas resueltas o bien porque prescribieron.
Son varios los historiadores catamarqueños que sugirieron que se evite la incineración de los documentos, y pidieron que en todo caso se digitalicen los archivos y se los queme después, o bien que se los traslade al Archivo Histórico de la Provincia, para que perduren como material de consulta a disposición de la sociedad catamarqueña.
El único gesto que se advirtió en este sentido fue una invitación para que un grupo de historiadores examinara previamente los expedientes, y determinara cuáles tenían relevancia suficiente como para ser conservados y cuáles podían ser descartados y seguir el tratamiento de rutina. Sin embargo, estas miradas son fatalmente subjetivas, y un mismo hecho puede ser irrelevante a los ojos de una persona y fundamental para el interés de otra.
Profesores de la UNCA vinculados con la investigación histórica manifestaron su interés en proteger los archivos destinados al fuego, y en atención a sus argumentos parece razonable pedir que se guarden los fósforos.