Los sucesos vividos en la localidad santamariana de San José, no ya en la última semana sino durante el último año, muestran esencialmente un problema que se expresa en diferentes actitudes de la clase dirigente catamarqueña y que, lejos de ser exclusivo de la conflictiva comuna, se refleja en mayor o menor medida en cada vez más ámbitos.
Se trata de la obediencia selectiva de pronunciamientos, fallos y disposiciones, según se ajusten o no a los propios intereses.
Estas reacciones, que resultan cada vez más recurrentes, se presentan tanto frente a resultados electorales como a normas vigentes o disposiciones judiciales.
De este modo, decisiones inapelables por la soberanía de quien las emana, pasan al sinuoso y controvertido camino de las discusiones, los recursos y las artimañanas tendientes a evitar que se cumplan.
Un cargo electivo, cuya ocupación se resuelve mediante el voto de los ciudadanos en las urnas, queda así condicionado al accionar de quienes no se resignan a perder el lugar y ponen en marcha un “plan B” para desplazar al candidato elegido. Un dictamen judicial es ignorado porque no satisface a un sector y se busca la manera de retroceder para ensayar una nueva embestida por otro camino.
Lo curioso es que casi todos estos atropellos y desprolijidades son practicados en nombre de la democracia y la defensa de sus valores.
Quizás sea hora de dejar de repetir de memoria la conocida frase de Fray Mamerto Esquiú para comenzar a ejercerla: “Obedeced, señores, sin sumisión no hay Ley...”