El castigo aplicado al ciudadano Adrián Ismael Pachado, a quien la Justicia señaló como culpable de la muerte de una joven mujer, deja un mensaje confuso a la sociedad.
Pachado reconoció que ingirió alcohol durante 14 horas y en esas condiciones, completamente ebrio, salió a conducir un auto el 23 de julio de 2006.
En esa salida, atropelló y provocó la muerte de Elba del Rosario Sedán, una mujer que vivía sola con sus dos pequeñas hijas, quienes quedaron huérfanas.
Pese a la magnitud del daño provocado, Pachado no irá a la cárcel, porque se le aplicó una pena en suspenso, y todo lo que deberá hacer es cumplir una serie de tareas comunitarias, al margen de quedar inhabilitado para conducir por algunos años y de tener que afrontar el pago de un resarcimiento económico.
No se trata de reclamar un castigo mayor a modo de venganza, sino de hacer que las leyes y el Estado de Derecho que rigen en el país ofrezcan a la ciudadanía un marco en el cual la Justicia aparezca al menos como un horizonte a perseguir, una aspiración.
Y la sensación que queda cuando una persona deja sin madre a dos niñas y recibe a cambio una benévola sentencia, es que la situación es terriblemente injusta.
Porque Pachado no sufrió un desperfecto mecánico en su vehículo ni fue víctima de un imprevisto que lo llevó a chocar a la mujer. El accidente fue resultado directo de una conducta irresponsable, de desprecio por la vida. Por su accionar terminó destruyendo una familia y cargando una cruz que dos pequeñas llevarán por siempre.
Entidades como FAVIATCA, que luchan desde hace tiempo reclamando justicia para estos casos, recibieron este fallo con indignación, porque se asemeja bastante a una burla, una falta de respeto a su dolor.
Y en verdad la sociedad en su conjunto comparte una extraña sensación, que difícilmente encuentre respuesta en los argumentos técnicos que nutrirán los fundamentos de la sentencia.