Salta, la primera provincia argentina que cuenta con una Agencia Antidrogas, tiene además un Centro Provincial Integral Sanitario, organismos a través los cuales reconoce a las organizaciones no gubernamentales como un eslabón “fundamental” para enfrentar el flagelo de las drogas.
El director de la mencionada agencia, Eduardo Sylvester, estuvo en Catamarca y brindó detalles de la experiencia salteña, además de subrayar la necesidad de favorecer la participación de la comunidad en las tareas preventivas y represivas, mediante la protección de testigos, la promoción de denuncias anónimas y otras medidas tendientes a auxilir a las fuerzas de seguridad en el control del problema.
En realidad, toda iniciativa tendiente a luchar contra la comercialización y el consumo de drogas ilegales es importante, pero sumar a las asociaciones civiles a una labor policíaca puede también representar un riesgo, y no es seguro que sirva para combatir la esencia del problema.
Colaborar con las autoridades policiales cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito es una obligación ciudadana, como es obligación del Estado proteger a quien colabora.
Pero el eje de la drogadicción no nace de la mayor o menor represión oficial, sino de un cuadro social que contribuye a que cada vez más jóvenes sucumban en el consumo.
Atención sanitaria y contención social son claves en esta batalla, aún por encima de la persecución a los mercaderes de la muerte, porque sin consumidores no hay negocio que perdure.
Los jóvenes que cuentan con respaldo familiar y afectivo, cuyas actividades son orientadas, que son motivados y alentados para interesarse por el desarrollo sano; y sobre todo aquellos que cuentan con perspectivas de crecimiento personal, tendrán siempre menos posibilidades de caer en las drogas.
Está bien que la policía actúe y que la comunidad colabore. Pero habrá más posibilidades de mejorar el panorama con una sociedad sana, que sumando más y más denunciantes sin que el contexto se modifique.