Profunda preocupación genera en la sociedad el aumento de los denominados “delitos sexuales”, que se incorporaron a las noticias cotidianas con matices cada vez más aberrantes.
Sin distinción de ninguna clase, entre las víctimas se acumulan mujeres, niños, niñas, personas con dificultades motrices o mentales, y criaturas completamente indefensas.
Pocos delitos son tan delicados y complejos como los que involucran la sexualidad de las personas, ya que por tratarse de una cuestión esencialmente privada, es difícil determinar dónde puede hallarse un potencial agresor. La mayor parte de los casos, sin ir más lejos, demuestran que víctima y victimario suelen compartir previamente un mismo ámbito, incluso familiar.
Existe también un inconcluso debate en torno al modo en que la Justicia debe obrar cuando se comprueba la responsabilidad de un violador ante el hecho consumado.
Sobran en este terreno las posturas y teorías de la más diversa índole, pero lo cierto es que el nivel de reincidencia advertido ratifica que el rumbo actual no es el correcto.
La exposición de debilidades del sistema penal vigente, no fue suficiente para avanzar en modificaciones concretas, y todos los planteos que se hicieron se diluyeron en discusiones inconducentes.
La pasiva reacción oficial conduce entonces a la realidad que se enfrenta, con una alarmante proliferación de ataques sexuales.
El Servicio Penitenciario local ya está superpoblado de condenados por este tipo de delitos, pero allí las posibilidades de rehabilitación son nulas, por la naturaleza misma de la perversión de los violadores.
La necesidad de educar y prevenir, de alertar a los más pequeños, es tan importante como insuficiente, porque el flagelo continuará creciendo si no se actúa jurídicamente con la premura y seriedad que el problema exige.