En poco más de un mes, 48 personas murieron a raíz de accidentes en las rutas del país. El de Santiago del Estero y el de Villa Guillermina, en Santa Fe, fueron los más graves por la cantidad de víctimas fatales, pero también fue importante el choque registrado el viernes pasado en la autopista que une Córdoba con Villa María, en el que fallecieron nueve personas. Al día siguiente, cuatro personas más murieron en el kilómetro 47 de la ruta 88, cerca de Miramar, y la nómina nunca se termina. Detrás de cada cifra, quedan familias destruidas, dramas y daños imposibles de cuantificar.
Conforme se avanza en las pericias, las conclusiones son siempre similares: vehículos que circulan sin autorización, controles que no se realizan, y unidades con desperfectos técnicos que convierten el desarrollo de cada viaje en una cuestión de azar.
A nadie le importa demasiado, y la lista de muertos sigue creciendo. Y seguirá creciendo...
Porque cuando un hecho de gran magnitud conmueve a la opinión pública, aparecen caras con gesto serio prometiendo controles firmes, sanciones severas y cambios rotundos en la aplicación de las normas. Pero nada sucede, y sólo se necesita que el transcurso de los días arrastre la noticia al olvido para que todo siga igual.
¿Acaso son estrictos los controles que se realizan en Catamarca? Si no se hacen respetar las leyes vigentes en las calles que rodean la plaza principal de la ciudad, cuesta creer que se ponga empeño en revisar los vehículos que transportan pasajeros hacia las localidades más alejadas del interior.
La realidad es que circulan ómnibus en pésimas condiciones, tanto en el transporte urbano como interurbano, porque en la mentalidad de algunos empresarios facturar lo justifica todo, incluso poner en riesgo la vida de quienes utilizan el servicio.
Un Estado ineficiente a la hora de imponer condiciones completa el panorama cuyos resultados están a la vista.