El informe publicado por El Esquiú sobre los abusos en la toma y concesión de licencias en la Administración Pública, revela una serie de perjuicios que dejan un enorme abanico de damnificados, además del propio erario estatal.
El desperdicio de recursos públicos malogrados en la promoción de la vagancia y la burocracia, es la faz más visible, pero se trata apenas de una de las aristas del problema.
Quienes también resultan directamente perjudicados son los empleados públicos que trabajan dignamente, y en particular aquellos que, merced a su esfuerzo y dedicación, anhelan progresar desde su puesto.
Ocurre que la carrera administrativa en el ámbito público, que durante décadas fue una opción de prestigio, se desnaturalizó por completo.
La incursión de punteros políticos, amigos, familiares y vecinos de funcionarios de alto rango, inundó las oficinas públicas con agentes que nada saben hacer y nada hacen, con excepción de cobrar su sueldo. Y estas personas, generalmente, aparecen en escena directamente en las categorías más altas, burlando de un plumazo años de trabajo de los empleados más antiguos que carecen de padrinazgo alguno.
No es casual que en esta etapa de descomposición general hasta haya desaparecido la Asociación de Trabajadores del Estado Provincial (ATEP), el gremio que observaba y denunciaba irregularidades como las mencionadas.
La situación está a la vista de todos, y no se trata de ninguna revelación sorprendente. Pero sí de una enorme injusticia, por la cual -directa o indirectamente- pagamos todos para beneficio de unos cuantos “vivos”.