La propuesta formalizada por el diputado provincial Hugo Argerich, de aplicar la castración química a determinados responsables de delitos sexuales, abre la puerta a un debate impostergable.
Sabrán los especialistas -médicos, psiquiatras, psicólogos, juristas- qué alcance y efectividad puede tener una medida de este tipo, del mismo modo en que seguramente se revisarán las experiencias de jurisdicciones donde rige esta modalidad.
Existen quienes apoyan la opción y quienes la cuestionan, entre otras razones porque una personalidad capaz de una agresividad tan extrema no se controlaría sólo con la inhibición del impulso sexual. En todo caso, apuntan quienes estudiaron el tema, puede disminuirse la libido, pero la potencial víctima quedará expuesta a otros daños físicos.
Indudablemente es un problema amplio y delicado, que no admite divagues irresponsables, por lo cual deberán ser los expertos quienes determinen el camino más efectivo para controlar este flagelo.
Lo que queda claro, al margen de la aceptación o rechazo que encuentre esta propuesta en particular, es que es imperativo actuar.
Las salvajes agresiones padecidas en los últimos tiempos por mujeres y niños no pueden continuar, ante una sociedad que observe de brazos cruzados.
Porque todos los casos son inaceptables, y generan todavía más indignación cuando el agresor es reincidente. Puede discutirse cuál es el mejor remedio, pero un cambio en el tratamiento de este problema es urgente.