Son cada vez más frecuentes en Catamarca las crónicas policiales que dan cuenta de la participación de niños en actos delictivos. No hablamos ya de “delincuencia juvenil”, sino de episodios protagonizados por niños de 8, 9 ó 10 años.
Las informaciones de esta clase suelen difundirse con calificativos como “precoz delincuente”, “pequeño malviviente” y adjetivos similares, que se incorporan al léxico general de modo casi natural, sin que se perciba la gigantesca confusión que esconde esa postura.
Casi de modo automático, se genera en la comunidad el reclamo de mayores controles y castigos, y se sugiere de inmediato la necesidad de modificar las leyes, de modo que la imputabilidad legal y la responsabilidad penal abarquen una franja etárea mayor a la que se contempla actualmente.
Este razonamiento, sin embargo, es una atrocidad. Se trata de una reacción tan contraproducente como golpear a un bebé para que se calle, porque su llanto resulta molesto.
Nunca, por ninguna razón, un niño de ocho años puede ser considerado culpable. Porque sea cual fuere el rumbo de su conducta, será siempre consecuencia de lo que su entorno le dicte.
Un niño no es responsable de sus actos y no puede, por ello, ser castigado como un adulto.
Si la sociedad, mayoritariamente, reclama represión en lugar de contención, educación y apoyo afectivo, quiere decir que la situación es aún más grave de lo que parece.
Y al mismo tiempo explica por qué el cuadro social se deformó hasta los extremos que se perciben actualmente.