Analizar una tragedia desde el punto de vista de su costo económico sugiere, en principio, cierta banalización, ya que la pérdida violenta de una vida humana es un hecho tan doloroso que detenerse a pensar los gastos que genera resulta superfluo.
Sin embargo, cuando se trata de muertes provocadas por negligencia o accidentes graves que podrían evitarse, y la erogación que implica atender a los afectados debilita los recursos estatales, abordar la cuestión económica se hace imprescindible, porque se trata ya de una cuestión social.
Un informe publicado ayer por El Esquiu.com, revela que el Estado catamarqueño, es decir todos los contribuyentes, gastan casi 4 millones de pesos mensuales para asistir a las víctimas de los accidentes de tránsito.
Son aproximadamente 50 millones de pesos anuales, un presupuesto significativo que, aún sin ser desplazado del área de la Salud, podría tener destino mucho más productivo.
¿Cuántas mejoras podrían hacerse en el Hospital de Niños, en las postas sanitarias o en los centros asistenciales del interior provincial con 50 millones más por año? ¿Cuánto podrían mejorarse los salarios de enfermeros y auxiliares que hoy sobreviven, en muchos casos, con empleos precarios y planes temporales?
A cambio de ello, se gastan fortunas porque siguen circulando motociclistas sin casco, o automovilistas ebrios, o no se respetan las normas de tránsito.
Un argumento para que tengan en cuenta quienes todavía discuten que cada uno es dueño de su vida y si no quieren usar casco es su problema.