La noticia del brutal crimen del presidente de la obra social y tesorero del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM), Roberto Rodríguez, provoca una enorme conmoción, que excede incluso las sensaciones propias de un acto delictivo de tal gravedad.
La connotación adicional que se encuentra en este horrendo caso, pasa por su automática vinculación, en la memoria colectiva, con los sucesos de una de las etapas más oscuras de la vida del país.
Que un representante de los trabajadores sea secuestrado y ejecutado, como ocurrió con Rodríguez en el partido bonaerense de San Miguel, abre toda clase de incógnitas y dudas.
Los primeros informes policiales, que descartaron el robo como móvil del asesinato, incrementaron las inquietudes en torno al luctuoso y enigmático suceso.
Se mencionó extraoficialmente la posibilidad de que la institución a la cual pertenecía Rodríguez estuviera involucrada en la denominada “mafia de los medicamentos”, pero la ausencia de vínculos concretos impide ensayar cualquier conclusión, obligando a aguardar la marcha de la investigación para desentrañar el misterio.
Lo concreto es que ningún conflicto, personal, gremial, comercial o judicial, puede encontrar en la violencia una vía de definición.
Y aunque pueda parecer irrelevante, es necesario señalarlo y repudiar estos hechos.
Argentina ya transitó por los caminos de los secuestros y los asesinatos, y todo el que recuerde las consecuencias compartirá la sensación de escalofríos que este caso devuelve a la memoria.