En ciertas ocasiones resulta más fácil y cómodo comprender las necesidades sociales analizándolas como una entidad abstracta, que trasladar el criterio de ayuda a sus aplicaciones cotidianas.
Un ejemplo es el comportamiento de las autoridades de ciertos establecimientos educativos, públicos y privados, con respecto a los uniformes escolares. Porque la mayoría conoce las dificultades económicas que atraviesan miles de hogares, y sin embargo insisten con exigencias sin mayor relevancia en el proceso de aprendizaje.
A saber: se requieren determinados uniformes en escuelas públicas, desnaturalizando la idea original, igualitaria y niveladora, del guardapolvo blanco (que también debería ser respetado por los privados).
Se establecen precios arbitrarios y sin lógica alguna, en virtud de los cuales un pantalón tiene el mismo valor sea del talle 6 ó 16.
Cada año se modifican pequeños detalles de la indumentaria, un cambio de color en el escudo, una franja más, una línea menos, obligando a los padres a adquirir todo el equipo completo cada vez, e inutilizando los uniformes de tres meses antes.
Existe con la ropa escolar un negocio muy bien aceitado entre comerciantes y directivos de escuelas, donde de una u otra forma los padres son siempre clientes cautivos.
Pero la indumentaria escolar no puede convertirse en un artículo de lujo, ni puede usarse para establecer “niveles” entre una institución y otra, porque actuar de ese modo es aniquilar el espíritu y el legado de Domingo Faustino Sarmiento, un señor que ideó el sistema público pensando en la formación de nuestros niños, y no en una pasarela para que luzcan modelos y colores de ocasión.