La aplicación de torturas, apremios, vejaciones y otras aberraciones siguen siendo una práctica frecuente dentro de la institución policial. Es un secreto a voces que sólo, a veces, se rompe ante alguna denuncia penal concreta, ya que son raros (por no decir nulos) los hechos en los que la Justicia actúa de oficio. Así lo demuestran los últimos casos que actualmente son investigados.
Pero no son hechos aislados, como muchas veces se los quiere mostrar, casi a diario se ven desfilar en las Fiscalías y Juzgados a jóvenes que están bajo custodia policial con los rostros cubiertos de hematomas.
Se trata, por lo general, de chicos que cometieron delitos menores (robos, hurtos, arrebatos) bajo los efectos del consumo de drogas o alcohol y que al ser aprehendidos, son trasladados a dependencias policiales donde son maltratados. La violencia que se ejerce sobre ellos es exagerada, tanto física como psicológica. Son víctimas de golpes, de insultos, de burlas, y otros abusos incalificables.
Sin embargo, los informes médicos rutinarios rara vez revelan irregularidades. Y son pocas las víctimas que se atreven a denunciar porque saben que en cualquier momento volverán a caer en mano de los uniformados verdugos.
Sólo cuando a algún efectivo “se le va la mano”, y las consecuencias adquieren cierta gravedad, es cuando se activan los mecanismos de la Justicia, se abren las investigaciones y los sospechosos son desplazados. Sin embargo, son las excepciones, ya que son muy pocas las condenas por este tipo de delitos. Mientras tanto, decenas de jóvenes que son víctimas de la marginación y la pobreza, además sufren violencia física por parte de ciertos uniformados, que deberían resguardar a la sociedad de las injusticias.
Y mientras puertas afuera se asegura que “no se permitirán abusos dentro de las filas de la institución”, muchas veces esos abusos son utilizados como método de investigación para resolver causas, obtener confesiones y hasta apretar a testigos.
La deleznable impunidad con la que actúan los violentos sólo es entendible en una sociedad que en realidad no ve con desagrado la imposición de tormentos físicos a los descarriados de la ley, y lanza un peligroso mensaje a la sociedad.
No los aplauden, pero miran para otro lado. Asumiendo la misma actitud que le costó al país 30.000 desaparecidos.