La historia protagonizada por Adriana Avellaneda se convirtió desde hace años en un auténtico martirio, que genera una serie de enigmas indescifrables.

La mujer tuvo un hijo hace 14 años, y los médicos le informaron que el pequeño había muerto. Le entregaron el cuerpo, lo sepultó, pero al mismo tiempo inició un interminable peregrinar, impulsada por el temor y la sospecha de que le habían mentido.

Mediante análisis científicos, se determinó finalmente que la criatura fallecida no respondía al patrón genético de la mujer, de modo que Adriana no era la madre.

Con el irrefutable resultado de los exámenes de ADN, los interrogantes se desprenden solos: ¿quién era el niño muerto? ¿quién fue su madre? ¿dónde está el bebé que Adriana dio a luz? ¿quiénes y por qué le mintieron?

Se trata de un drama humano de una gravedad tal que resulta imposible no reclamar respuestas concretas.

Pero además del sufrimiento de la mujer, que convive con la incertidumbre desde hace casi tres lustros, emerge del caso un severo cuadro institucional.

Tanto el comportamiento de los actores del sistema de salud pública involucrados en el caso, como la improductiva intervención judicial, causan el mismo nivel de estupor que el controvertido episodio.

La causa penal está virtualmente paralizada. No se reconocen responsables ni se sabe de ninguna investigación dirigida a encontrarlos.
Los tiempos procesales se agotan y todo se encamina lentamente hacia la prescripción.

Un hecho espeluznante, sobre todo cuando se piensa en la posibilidad de que esta clase de macabras manipulaciones pueda contar con más antecedentes que el de Adriana.