La exposición del ministro de Obras y Servicios Públicos Juan Acuña y del asesor oficial Guillermo Dalla Lasta en el recinto legislativo, sirvió para confirmar una serie de desaciertos gubernamentales en relación con el manejo de la empresa Edecat.
Las consecuencias de tantas y tan reiteradas equivocaciones, desemboca ahora en una situación completamente desfavorable para los intereses provinciales, pero no existe manera de considerar este presente como un escollo imprevisto que aparece en el camino.
El panorama que las autoridades describen hoy, es la consecuencia directa de años de negligencia y despreocupación, durante los cuales los usuarios fueron los primeros en padecer una crisis que -por otras razones- ahora se extiende al Estado.
El rol que jugó la Provincia en este proceso fue cuestionado desde un comienzo, porque no cumplió con ninguna de las pautas esenciales que implicaba la tarea.
No funcionó como órgano de contralor, no verificó que se mantuvieran niveles mínimos de inversión, no observó que se respetaran los niveles básicos de calidad de servicio, y finalmente no supo posicionarse en el pantano de intereses empreasariales que se formó en torno a la distribución de la energía eléctrica.
La concatenación de falencias desemboca ahora en esta desventura asumida, en la cual Catamarca deberá hacer frente a un costo desproporcionado, con el infaltable detalle de que quienes afrontarán el gasto -directa o indirectamente- serán, una vez más, los contribuyentes.
Un legado indeseable que sobrevivirá la gestión de gobierno actual, hasta que se defina judicialmente una batalla que a priori parece perdida.