No hace mucho, el ministro de Economía de la provincia -Ricardo Aredes- hizo dos anuncios trascendentes. El primero de ellos fue muy bueno: indicó que durante el mes de octubre los ingresos por coparticipación federal registraron un aumento del 11 por ciento. Esto, en paralelo con una mejor performance de las ganancias mineras, llevó algún alivio a las exhaustas arcas del Estado, especialmente en lo que respecta a los municipios. El segundo anuncio no fue bueno, pero sí muy realista: el jefe de la economía lugareña aseguró que, a fin de año, no habrá aumento de sueldos para la administración y que el tema recién se discutirá después de marzo o abril de 2013. Tampoco habrá ese premio extra y discriminatorio de $300 ó $400 -únicamente lo cobraban los empleados públicos y no el resto de los trabajadores- que solía otorgarse durante la gobernación de Brizuela del Moral.

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Aparte de dejar la demagogia de lado, ambas noticias no hacen más que reflejar los difíciles momentos que vive la economía argentina y que, producto de la crisis mundial, repercute en las provincias. El gobierno local mantiene su compromiso de pagar los sueldos al día, pero de allí no se mueve. Cuando asumió prometió no tocar la planta de empleados, desbordada por los nombramientos de Brizuela del Moral a sólo días de dejar el cargo, y casi dramáticamente ha conseguido cumplir y funcionar con un déficit presupuestario de 500 millones de pesos que también fue herencia del gobierno radical.

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La debacle económica tiene consecuencias no deseadas. Los intendentes desfilan pidiendo auxilio por las oficinas de Aredes. También lo hacen otros ministros y secretarios de Estado que, en sus respectivas áreas, aparte de necesidades elementales, tienen que pagar deudas con proveedores. Y no solamente eso. Pagaron las deudas que dejó el gobierno anterior, al que le tocó administrar en épocas de bonanza económica y envíos de coparticipación muy superiores. Entonces, sobraba plata para la demagogia y el despilfarro.