Editorial

Antecedentes

martes, 11 de diciembre de 2012 00:00
martes, 11 de diciembre de 2012 00:00

El ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia consiguientes, puede ser inocuo o peligroso, según de qué actividad se trate.
Si se concesiona en un determinado territorio la explotación de cierto tipo de juegos de azar otorgando la exclusividad a una determinada empresa a cambio de un canon mensual, no hay efectos nocivos para la comunidad, salvo que lo que se discuta sean las consecuencias morales de ese negocio.
Pero si se trata de concentrar los instrumentos a través de los cuales circulan las ideas, expresiones, informaciones, entonces sí hay una intimidación real y por lo tanto el Estado debe intervenir para que eso no suceda.
En agosto de 1972, cuando Lanusse era presidente de facto, se dictó la Ley Nacional de Telecomunicaciones Nº19.798, la que en su Art. 14 establecía: “En ningún caso se otorgarán autorizaciones o permisos de explotación que importen el establecimiento de exclusividades o monopolios incompatibles con la soberanía, desarrollo y seguridad nacional. La existencia de tales situaciones faculta a la autoridad de aplicación para disponer la caducidad de las respectivas autorizaciones o permisos…”.
El 15 de setiembre de 1980, durante la peor dictadura militar que el país recuerde, se dictó la Ley de Radiodifusión N°22.285, la cual en su Artículo 85 establecía como causales de caducidad de las licencias, en el inciso d) Las maniobras de monopolio.
A pesar de ser leyes de dictaduras, ambos instrumentos contemplaban que no haya monopolios de medios de comunicación.
En 2009, se sancionó la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por el Congreso Nacional -no por un gobierno de facto- que coincide en esa posición antimonopólica: no pueden existir grupos empresarios que controlen canales, radios, diarios, revistas, internet, la producción del papel, que condicione al Estado y a los ciudadanos en sus acciones, ideas o propuestas.
Por el bien del país, más tarde o más temprano, la ley se tendrá que aplicar.
 

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