La reacción de Mario Mayorga -destemplada, por cierto- porque uno de los abogados de la Fiscalía denunció a exfuncionarios, lo hizo “volar por los aires” y lo dejó fuera del gobierno. Las acciones contra Eduardo Brizuela del Moral (h) y Juan Acuña, que se instruyeron en el interregno de Marcos Denett al frente de la Fiscalía de Estado, lo enardecieron a punto tal de responder con un nivel de soberbia impropio de un funcionario político. Para el exdiscípulo de don Luis Sánchez Recalde (cumplió iguales funciones en tiempos del gobierno peronista 1983-1991), como lo dijo en exclusivo a El Esquiú.com, resultaba inconcebible que se hiciera una presentación en nombre del Estado sin su consentimiento. Sus palabras, en relación con el tema, fueron elocuentes: “No sé cuál es el contenido de la denuncia, no sé cuáles son los fundamentos, las pruebas. Por consiguiente, si es una denuncia que no tiene sustento, los denunciados pueden venir en contra del Estado y todos tendríamos que pagar las demandas resarcitorias”.

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Más allá de las razones formales que le asistían a Mayorga, aunque a él no le guste, los casos denunciados se corresponden con irregularidades. La construcción de viviendas sobre un terreno particular en Aconquija no es un invento, sino una “macana” que, como siempre ocurre, la terminará pagando el Estado al tener que expropiar los terrenos de la discordia. Por lo menos configura incumplimiento de los deberes de funcionario de quien, por ser hijo del exgobernador, llegó sin méritos ni carrera administrativa al puesto de secretario de Estado.

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En cuanto a la denuncia contra Juan Acuña por una obra de agua, también hay turbiedades. El Estado gastó más de 3 millones de pesos por la supuesta construcción del famoso “Pozo 53”, pero hete aquí que la obra no está ni jamás se dieron buenas explicaciones del caso que, además de al exministro, involucra a quienes fueron responsables de Aguas de Catamarca durante el mandato radical.