Hacer un balance de gestión del gobierno de Lucía Corpacci no es tarea sencilla. La famosa luna de miel que acompaña a una nueva administración durante los primeros cien días, en este caso resultó amarga y demasiado cruel. Fue, además, tiempo escaso para tratar de ordenar una herencia plagada de irregularidades, de problemas y de piedras en el camino que dura hasta el presente y amenaza con invertir la respiración natural de los acontecimientos políticos y administrativos.
¿El gobierno radical creó las condiciones para problematizar a la administración peronista? ¿O todo era un “viva la pepa” que, a la hora de perder el poder, vino bien para sembrar el camino de cardos a los nuevos habitantes de la Casa de Gobierno?
Hubo un poco de cada cosa. La famosa transición le sirvió a Brizuela del Moral para cometer sus mayores desmanes como gobernante. El dispendio de dinero que realizó en sus nueve meses finales no tuvo límites y remató con más de 10.000 pases a planta permanente de empleados contratados que, indudablemente, condicionaron la economía del futuro.
También es cierto que la administración del Estado, sin necesidad de recurrir a los golpes bajos, orillaba el desastre. Estábamos primeros o casi primeros en pobreza, desocupación, indigencia, trabajo en negro, superpoblación de empleados del Estado, desigualdades sociales, etc, por lo que no queremos ni pensar lo que habría sido de la provincia si continuaba gobernando Brizuela con la Casa Rosada en contra.
Los radicales, en abstracto, podrán decir lo que quieran en sus afanes de llevar agua para su molino. Tienen todo el derecho de hacerlo, pero la verdad es que el modelo clientelar y demagógico que urdieron durante veinte años estaba agotado.

Reformar el Estado

Vamos a seguir imaginando que el sueño de eternidad en el poder de Brizuela del Moral continuara. Igual estaríamos refiriendo desde este espacio político de los sábados sobre la necesidad de reformar el Estado. Es que toda fiesta tiene límites y, cuando se llega a ese límite, alguien tiene que pagar “los platos rotos”.
Por ello escribimos en la primera semana de enero de 2012, a menos de un mes de la asunción de Lucía Corpacci, lo siguiente: “La realidad económica de Catamarca solamente se pueden comprender a través del análisis político. La demagogia creó un monstruo impresionante que, como dice Gieco, ‘pisa fuerte’. Ojalá el nuevo gobierno, aun a costa de severos costos con la gente, pueda cambiar los rumbos de la decadencia”.
Ya en ese entonces advertíamos sobre un futuro ominoso si no se recuperaba el orden extraviado. Las señales económicas marcaban la llegada de una crisis que iba a impactar en la recaudación y que sigue haciendo estragos en diversos terrenos. Las leyes de promoción industrial de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan ya no las quieren pagar otros Estados argentinos que, a su vez, tienen sus propios problemas; las economías regionales sufren el impacto de una comercialización internacional harto complicada y los vaivenes de la coparticipación federal obligan a un control más celoso de los recursos.
Si a este panorama le agregamos que la explotación minera mantiene sus niveles y, al menos por ahora, no se abren caminos para expandirla, hay que convenir que el gobierno del FPV-PJ pudo haber aclarado mucho, pero los nubarrones todavía son demasiados densos. Lo mismo hay que tener esperanzas. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre esos nubarrones.

Los deberes pendientes

Si bien es cierto que el gobierno tiene formas para probar cómo ha gastado el dinero, no lo es menos que la famosa reformulación del monstruo administrativo y el corte de la dependencia del Estado que se construyó por largas décadas no ha avanzado. Más que eso: nos parece que se enrareció.
Más allá de los 40.000 empleados públicos que, en veinte años, designaron en partes iguales Arnoldo Castillo y Eduardo Brizuela del Moral (Castillo hijo no pudo hacer nombramientos masivos porque le tocó gobernar durante la peor crisis de la Argentina, entre 1999 y 2003) que, de por sí, cuestan un platal, existen otros desfasajes que incrementan los costos.
Por ejemplo, hay sueldos para todos los gustos. A ellos se suman los adicionales que dividen a la planta en empleados de primera y empleados de segunda.
Repasemos algunos datos sueltos. Los legisladores provinciales, por mes, se llevan a los bolsillos cerca de $30.000 (por todo concepto), más o menos lo que gana de bolsillo un juez de primera instancia. Un juez de Cámara eleva su haber -en el redondeo final- a los $ 35.000 y un ministro de la Corte de Justicia, que encima no paga el impuesto de semejantes ganancias, trepa a los $40.000. Estas cifras se alcanzan por el pago del 3% anual por cada año de antigüedad, la que para la mayoría de los magistrados varía entre quince y veinte años.
El presidente del Tribunal de Cuentas lleva para sus arcas cerca de $ 35.000 y los médicos auditores, mucho de los cuales no tienen la especialidad de auditoría médica, pretenden $21.000 bajo el argumento de que cumplen tareas con exigencias de fultaneidad (¿no preguntaron esto antes de aceptar el cargo?). Otros médicos están en el extremo opuesto: son los residentes, que cobran $2.000 mensuales, lejos de lo que perciben sus pares de Salta o Tucumán, por dar dos ejemplos.
A todo esto, ministros del Poder Ejecutivo que deben trabajar “a tiempo completo” (todo el día, todos los días, incluido los fines de semana), no pasan los $14.000, y en muchos casos son superados en términos de remuneración por los empleados de reparticiones que cobran adicionales.
En el listado de empleados favorecidos están los de Rentas, que reciben el suplemento dinerario por cobrar impuestos, aunque su efectividad se contradice con la implementación de moratorias (no deberían existir si la cobranza fuera la cadena del éxito).
Los del Instituto Provincial de la Vivienda no le van en zaga. Perciben un sueldazo, entre otros ítems, por el famoso recupero del gasto que, precisamente, no se utiliza para hacer nuevas viviendas.
Los agentes del Registro Civil también quieren un adicional por anotar nacimientos y defunciones, y los de Desarrollo Social por su misión específica de ayudar a los pobres.
En este rubro, los desfavorecidos del sistema son empleados que cobran entre $2.000 y $4.000, montos que figuran entre los de cinco provincias que tienen los sueldos más bajos del país.
Por si no hubiera injusticias dentro de los cuadros estatales, la gestión de Brizuela del Moral implementó el famoso premio de fin de año para todos por igual, lo cual representa un acto de flagrante discriminación con respecto a los empleados del sector privado o los pasivos en general. El nuevo gobierno, a pesar de sus planes de austeridad, no pudo escapar de este círculo vicioso que representa la administración pública y terminó aflojando $300 per cápita.

La hora de las correcciones

Es muy fácil proclamar la necesidad de reformar el Estado. Hacerlo es otra cosa. Pero alguien tendrá que tomar alguna vez “el toro por las astas”, so pena de recibir las consecuencias de un desfasaje que se anota en términos económicos y que puede agravarse hasta el límite de concebir un aumento generalizado de salarios a través de los adicionales que se multiplican día a día.
Estas cosas no son nuevas. Han ocurrido en otras provincias, organismos públicos o instituciones privadas que para corregir este tipo de desniveles decidieron que los aumentos de sueldos vayan, paulatinamente, siendo absorbidos por los mismos adicionales (que se incorporan al sueldo y tienen efecto para la futura jubilación) hasta conseguir la equiparación que establece cualquier texto constitucional: “A igual trabajo, igual remuneración”.
El tema electoral, obviamente, juega un rol fundamental en la toma de decisiones. Si los radicales crearon los privilegios, sus beneficiarios -no pocos- son votantes potenciales de ese sector político. Ello inhibe, de alguna manera, a la actual administración de producir correcciones que puedan llegar a confundirse con un ataque a derechos adquiridos.
Sin embargo, cuando este tipo de medidas son bien explicadas y se puntualizan los objetivos superiores que se persiguen, es probable que produzcan un resultado favorable, mucho más si el ordenamiento del Estado va a mejorar la vida del conjunto de la sociedad.
Si el desafío de los gobiernos es crear trabajo genuino, algo que todos prometen y nadie cumple, modificar las reglas del juego contribuiría a paliar las desigualdades sociales (o la redistribución de la torta dineraria) que tan bien explicitó Lucía Corpacci en su primer mensaje como gobernadora.
Aquel diagnóstico del 9 de diciembre de 2011 fue perfecto. Ahora hay que combatir la enfermedad que sucesivos gobiernos se encargaron de alimentar con panaceas inadecuadas.