La tarea docente merece todos los elogios y reconocimientos. Es muy difícil trabajar diariamente con grados con más de treinta chicos o que a veces exceden los cuarenta, durante varias horas. La misión que se les encomienda va más allá de la enseñanza de materias como matemáticas o lenguas, ya que deben transmitir valores y hasta contenerlos porque un gran porcentaje de los niños llegan al aula arrastrando problemas sociales y sicológicos.
Pero entre los esforzados maestros y maestras, abundan quienes buscan esquivar su responsabilidad a través de pedidos de licencias con falaces justificaciones y pareciera que por muchos años lograron burlar reglas y cobrar sin estar enfermos o enfermas. Para cumplir con su cometido, supieron vulnerar controles. Este sistema fue injusto no sólo por permitir licencias a quienes no las merecían, sino también por negarlas a quienes sí las necesitaban.
La revisión de estas irregularidades por parte del Ministerio de Educación de la provincia levantó quejas de gremios docentes, porque en algunos casos se descontaron sueldos completos. Las autoridades debieron dar marcha atrás en la decisión de descontar de manera uniforme a docentes que hicieron uso de las licencias por largo tratamiento de manera irregular, pero esto no significa que se deba dejar de sancionar cuantas acciones anormales se detecten.
El cuadro se agrava cuando aparecen indicios de que hubo quienes tomaron esas licencias en el Estado para trabajar en el sector privado. A todas luces, esos actos constituyen una estafa. El núcleo del tipo penal de la estafa consiste en el engaño. El sujeto activo del delito se hace entregar un bien patrimonial -en estos casos los sueldos- por medio del engaño, es decir, haciendo creer la existencia de algo que en realidad no existe, como es una falsa enfermedad.
Las investigaciones deben avanzar hasta las últimas consecuencias, para que no vuelvan a repetirse estas maniobras nunca más.