Las tapas de ayer de los diarios Clarín y La Nación fueron un golpe de efecto que pudieron conseguir por la arbitraria resolución de dos de los integrantes de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. En democracia, si el Ejecutivo envía un proyecto de ley al Congreso, lo aprueba el Poder Legislativo y lo valida la Corte Suprema de Justicia, es porque se transformó en una ley constitucional, aplicable con todos sus efectos.
El Poder Judicial no puede desconocer una ley constitucional. Porque su independencia ha de ser en relación con los otros poderes y también con los monopolios, si no, toda la ciudadanía queda en libertad condicional, sin garantías de justicia.
Aunque demorada inicuamente, la plena aplicación de la Ley de Medios es sólo cuestión de tiempo. El juez de primera instancia, Horacio Alfonso, deberá expedirse sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 cuestionada por el Grupo Clarín. Lo más probable es que los jueces de la Corte Suprema -ante quienes apeló el gobierno nacional- esperen el fallo de primera instancia para resolver el pleito que, con ardides, prolonga el Monopolio que no quiere desprenderse de tantos medios con los que pretende tener más poder que los que institucionalmente le corresponde en democracia. No se sabe cuándo dictará su sentencia el juez Alfonso ni qué curso dará la Corte Suprema a la apelación presentada por Gobierno. Puede que la Justicia actúe antes de que concluya el año, en pocos meses o más adelante. Pero la Ley entrará en vigencia. Tal como sucede en todo país soberano, ya no podrá haber una concentración de medios de comunicación que les permita ejercer un ilimitado poder tanto para presionar a jueces, como para condicionar decisiones de gobierno. Más tarde o más temprano, el Grupo Clarín deberá desprenderse de varios medios.
El festejo, por lo tanto, es pura espuma que inevitablemente deberá bajar.